La Municipalidad de Machalí emitió un comunicado oficial en el que se pronuncia sobre diversas denuncias y señalamientos recientes realizados por la Contraloría Regional, relacionados con posibles irregularidades en falta de abstención del alcalde en la contratación de un familiar, el incumplimiento del concurso público para el jefe del DAEM y la mantención en funciones de un trabajador condenado penalmente.
El documento busca aclarar los procesos internos y entregar información sobre las acciones realizadas por el municipio para garantizar la legalidad y transparencia en su gestión.
Respecto a la contratación de la empresa Transporte Machalí, el municipio señaló que la Contraloría Regional, a través del oficio E85189/2025, descartó cualquier infracción a la normativa vigente. Según el documento, el parentesco que podría inhabilitar a un funcionario se extiende hasta el tercer grado, mientras que la relación entre el Alcalde y la Sra. Fanny Espinoza es de cuarto grado. “Esto quiere decir que la inhabilidad no nos alcanza y no hubo irregularidad alguna en el proceso”, aseguró el municipio.
En relación con la posible falta de imparcialidad en la decisión de contratar el transporte, el comunicado aclaró que la Sra. Espinoza no es representante legal de la empresa, la cual agrupa a varias compañías transportistas. La documentación presentada no fue suscrita por ella, por lo que no existió influencia en el proceso. Además, la contratación del transporte, gratuito para los adultos mayores de Machalí y Coya, fue aprobada por unanimidad por los seis concejales de la comuna, dejando el voto del Alcalde como un trámite administrativo. “Hemos buscado garantizar un servicio que es muy valorado por quienes lo utilizan a diario”, se indicó en el comunicado.
Sobre el concurso para el cargo de Jefe DAEM, la municipalidad desmintió que no se hubieran iniciado los procedimientos. El 5 de agosto de 2025 se envió el perfil del cargo al Servicio Civil, que se encuentra revisando la propuesta. Según la entidad, la acción fue realizada un mes antes de la fecha indicada en el oficio de la Contraloría E61559/2025. “Nos hemos asegurado de seguir todos los pasos correspondientes para este proceso”, afirmó la municipalidad.
Finalmente, respecto a la contratación de un funcionario de Salud, el municipio aseguró que no percibió remuneración mientras estuvo privado de libertad. La Contraloría Regional, a través del oficio E20077/2025 del 6 de febrero de 2025, confirmó que no se advierten irregularidades en la actuación de la municipalidad frente a la denuncia anónima.
El comunicado concluye señalando que las acusaciones buscan empañar un servicio municipal que beneficia a cientos de adultos mayores, siendo uno de los pocos programas de este tipo existentes en el país. “Nuestro objetivo siempre ha sido priorizar el bienestar de nuestros vecinos”, finaliza el texto oficial.
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