La Contraloría Regional del Libertador General Bernardo O’Higgins ha emitido, entre el 26 de agosto y el 9 de septiembre de 2025, tres dictámenes que ponen bajo revisión la gestión del alcalde de Machalí, Juan Carlos Abud Parra, en materias relacionadas con la probidad administrativa y la transparencia en la gestión pública local.
Contratación vinculada a familiar del alcalde
El caso más sensible corresponde al dictamen N° E85189/2025, emitido el 8 de septiembre de 2025, que aborda la contratación de la empresa Transportes Machalí Asociación Gremial de Transportistas, cuya tesorera es Fanny Lorena Espinoza Parra, prima del alcalde en cuarto grado de consanguinidad.
Aunque la normativa no considera este parentesco como una inhabilidad legal para participar en licitaciones, la Contraloría estableció que Abud Parra votó a favor de la contratación, incumpliendo su deber de abstención. El dictamen advierte que su participación comprometió la imparcialidad de la decisión, contraviniendo los principios de probidad que rigen la función pública. Por este motivo, se instruyó la apertura de un procedimiento disciplinario para determinar la eventual responsabilidad administrativa del alcalde.
DAEM: Interinidad prolongada
El segundo dictamen, N° 61559/2025, emitido el 9 de septiembre de 2025, se centra en la interinidad extendida en la jefatura del Departamento de Educación Municipal (DAEM) ocupada por reemplazo durante un período superior a los seis meses permitidos por la Ley N° 19.070.
La denuncia fue presentada por los concejales Doris Valdivia, Soledad Oyarzo y David Alcaíno, quienes cuestionaron la falta de transparencia en la gestión del cargo. La Contraloría constató la irregularidad y ordenó a la municipalidad elaborar el perfil del puesto y remitirlo al Consejo de Alta Dirección Pública en un plazo de 20 días hábiles, paso indispensable para convocar a concurso.
Soledad Oyarzo, concejala de la comuna, aclara que “llevamos meses insistiendo en que este cargo no puede seguir ocupado de manera interina. La Contraloría confirmó lo que veníamos señalando: Es necesario convocar un concurso público y entregar certezas a la comunidad educativa. La interinidad prolongada genera incertidumbre y afecta la estabilidad de la gestión en nuestro municipio”.
Funcionario condenado que seguía en funciones
El tercer dictamen, N° E80924/2025, fechado el 26 de agosto de 2025, evidenció deficiencias en el control interno del municipio. La Contraloría instruyó la finalización inmediata del vínculo laboral de Luis Galaz Sánchez, chofer del CESFAM de Machalí, quien fue condenado penalmente y actualmente se encuentra privado de libertad.
Además de la inhabilidad sobreviniente que impedía al funcionario continuar en su cargo, el organismo detectó otra irregularidad: La municipalidad no actualizó en el sistema SIAPER las renovaciones de contrato, lo que impidió notificar oportunamente la sentencia condenatoria.
Por estas razones, se ordenó abrir un proceso disciplinario contra los responsables de esta omisión, que derivó en el uso de recursos públicos para mantener remuneraciones y cotizaciones previsionales de un funcionario legalmente inhabilitado para desempeñarse en la administración municipal.
“Es inaceptable que un funcionario condenado haya seguido en funciones y que además no se hayan registrado correctamente sus contratos en el sistema. La Contraloría ya ordenó la finalización del vínculo laboral y la apertura de un sumario administrativo para investigar responsabilidades. Esto demuestra deficiencias graves en el control interno del municipio y pone en riesgo recursos públicos que deben ser resguardados. Esperamos que se tomen todas las medidas necesarias para que situaciones como esta no se repitan”, señaló Oyarzo.
Concejo municipal ante dictámenes de Contraloría
Los tres dictámenes serán discutidos en el Consejo Municipal de este jueves 11 de septiembre, instancia en la que los concejales esperan exigir definiciones concretas y medidas correctivas. Para la oposición, los cuestionamientos marcan un punto de inflexión en la gestión del alcalde Abud Parra, al situar en el centro del debate la probidad administrativa y el resguardo de los recursos municipales.
“Esto impacta la confianza de la comunidad. Los vecinos esperan que seamos transparentes y que actuemos con profesionalismo. Esa es nuestra prioridad”, finalizó la concejala Oyarzo, anticipando un consejo municipal marcado por la tensión política.
Hasta el cierre de esta nota, desde el municipio de Machalí no se emite comunicado oficial.
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