El senador Juan Luis Castro, ex presidente del Colegio Médico de Chile, manifestó su inquietud frente a la reciente declaración de los gobernadores regionales, cuestionando la legalidad y pertinencia del uso de fondos regionales para enfrentar la crisis sanitaria del país, particularmente en relación con las listas de espera. Según el parlamentario, estas críticas reflejan un grave desconocimiento de la Ley de Presupuesto vigente, la cual habilita de manera expresa esta colaboración interinstitucional.
Castro explicó que dicha ley, despachada hace cinco meses, autoriza de forma transitoria a los Gobiernos Regionales para financiar medicamentos, insumos médicos y material quirúrgico, como parte de una estrategia nacional para abordar los problemas más urgentes del sistema de salud público. “Esto no es una improvisación ni una ocurrencia administrativa. Es una norma legal plenamente vigente que busca soluciones efectivas en un contexto crítico”, enfatizó.
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El senador defendió además el actuar de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, señalando que ha procedido de manera correcta al coordinar las necesidades de los servicios de salud con la Dirección de Presupuestos, para luego formalizar tratos directos con los gobiernos regionales. “¿Qué tiene de malo que se canalicen recursos donde más se necesitan? Lo sorprendente es que esta discusión surja ahora, cuando la ley fue conocida y publicada hace meses”, cuestionó.
Asimismo, criticó la actitud de quienes han levantado voces en contra de esta política pública, acusando una postura de “autodefensa institucional” y falta de voluntad de colaboración frente a un problema social de envergadura. “Uno se pregunta si realmente comprenden la gravedad del colapso en las listas de espera y el deber que todos los órganos del Estado tienen para enfrentarla”, señaló el senador.
Finalmente, Juan Luis Castro calificó como “lamentable” el nivel de desinformación exhibido por quienes han liderado las críticas, instando a un mayor compromiso con la salud pública por parte de todas las autoridades. “Esto no es un capricho, es una obligación legal y moral frente a miles de pacientes que siguen esperando atención médica.”, concluyó.
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