La administración de la Municipalidad de Rancagua en el periodo anterior, que fue liderada por Juan Ramón Godoy -en prisión preventiva por diversos delitos ligados a corrupción- tiene un nuevo capítulo con un informe de reparos y posterior elevación a Juicio de Cuentas emanado de Contraloría O’Higgins, en el que se cuestionan, mayormente, fondos municipales utilización en capacitaciones en el extranjero y en el territorio nacional.
En el informe final, aparecen mencionados por diferentes situaciones, todos los concejales que ejercieron en el periodo anterior, además de funcionarios municipales y Juan Ramón Godoy, en total 19 personas.
En el desglose, el documento consigna que los hechos son de acuerdo al Informe Final de Investigación Especial N° 552, de 2024.
En esta línea, en primer lugar se señalan los gastos asociados a la participación de concejales en pasantías realizadas en el extranjero, en la ciudad de Medellín, Colombia, con fecha de enero del 2023 y el mismo mes del 2024 en la participaron los exconcejales Viviana Morales y Carlos Arellano, y el actual edil Cristián Toledo, en la que se cuestiona un gasto municipal de casi $24 millones, que comprenden viáticos, pasajes aéreos e inscripciones.
Denominadas “Ordenamiento territorial, planificación y participación ciudadana” e “Innovación, Seguridad Pública y Ordenamiento Territorial”, la Contraloría manifiesta que ‘de los antecedentes analizados no han resultado acreditado los motivos que tuvo el municipio para considerar que el objeto y los contenidos de las pasantías” y que estas tuviesen relación directa con las funciones que competen a los concejales, de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades.
Tampoco que, tras la capacitación, hayan presentado proyectos alusivos a la temática, por lo que el ente fiscalizador, -consignando que no existen nuevos antecedentes entregados por el municipio- señala que “se confirmaba la acción de reparo anunciada por la suma de $23.908.848”.
Consultada por este punto la exedil mencionada, Viviana Morales, precisó a El Tipógrafo que, “mi participación en la pasantía de capacitación organizada por la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) abordó materias esenciales para la gestión municipal”, asegurando que la AChM, “tanto la asistencia como los contenidos, antecedentes que se encuentran disponibles”.
Respecto a la aprobación de los recursos, afirma que se “trata del procedimiento regular que establece la Ley Orgánica de Municipalidades para estos casos”.
“En cuanto a la observación de Contraloría, es importante precisar que los concejales no ejecutamos ni pagamos los gastos; nuestra función es deliberar y fiscalizar. La ejecución, contabilización y custodia de los respaldos corresponde al órgano pagador municipal (DAF, Tesorería, Contabilidad)”, aclara.
En una declaración pública, adscrita por la propia Morales y los otros dos involucrados, Arrellano y Toledo, en la misma línea de lo ya declarado, afirman que, “la defensa técnica presentó la contestación a los reparos en tiempo y forma y la resolución definitiva se encuentra en manos del Juzgado de Cuentas”.
“En el expediente no existen imputaciones por mal uso de recursos ni por malversación, conductas que, de haber sido observadas por la Contraloría, habrían sido remitidas al Ministerio Público”.
Asimismo, precisan que, “los reparos señalados por la Contraloría responden a déficits formales en la documentación respaldatoria, subsanables y de responsabilidad del órgano pagador, y por ello la Contraloría ha pedido reintegro a todos los concejales que votaron unánimemente”.
Otro punto detallado por el ente fiscalizador regional alude al ‘Pago por inscripciones a seminarios sin respaldo de factura’, en el que aparecen individualizados, los tres mencionados, además de: Hugo Guzmán, Emerson Avendaño y Valentina Cáceres.
En este punto, se aduce que el municipio pagó las inscripciones de los respectivos cursos, sin existir la respectiva factura, asimismo, se cuestiona que existiría devoluciones por gastos de combustible –para traslados- que fueron realizados en vehículos particulares, cuando su uso (de acuerdo a la legislación citada) es de uso “extraordinario” y correspondía el uso de vehículos fiscales o de locomoción colectiva.
En el pago de las inscripciones, en lo medular, se cuestiona que, en algunos casos, no habrían asistido, por lo que se tendría que haber hecho devolución de los dineros.
Una de las apuntadas, por la presunta inasistencia a dos capacitaciones es Valentina Cáceres, quien adjuntando la documentación, en entrevista con El Tipógrafo, detalló que asistió a la capacitación, “Finanzas Municipales-Royalty-Nueva Ley de Compras- Rendiciones y Rol Fiscalizador”, realizada en la ciudad de La Serena, entre los días 23 al 26 de enero del año 2024.
“Así lo avalan dos documentos oficiales emitidos por la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), organizadora de dicha capacitación”, sostiene, respaldándose en “la lista de asistencia remitida desde ACHM, que acredita que participé de toda la capacitación, en las jornadas de mañana y tarde” y “el certificado de participación que entrega la propia ACHM, documento oficial que acredita mi asistencia y participación efectiva”.
En la misma capacitación, Cáceres aparece cuestionada por haber realizado la devolución al municipio de $300 mil –costo de la inscripción- lo que se entiende, de que fue hecho porque no asistió.
Sin embargo, según declara, “que no se debió por no haber participado de dicha actividad”.
“Ocurre que la municipalidad de Rancagua había depositado ese dinero en mi cuenta personal para poder cancelar la inscripción de la capacitación en forma presencial en La Serena”, sin embargo, al llegar al lugar, “me señalan que el municipio ya había cancelado dicha inscripción vía transferencia (tal como señala Contraloría, a través del decreto de pago N°225, de 22 de enero de 2024)”.
En un documento adjuntado por la exconcejala, se muestra impreso un correo electrónico de la tesorería municipal, donde se reconoce que “por un error involuntario” se transfirió el monto de $300 mil.
“Cómo un acto de probidad y en mi convicción de cuidar los recursos públicos, realicé la devolución del dinero el mismo 23 de enero (del 2024)”. Siguiendo en la misma capacitación, se le agrega al reparo de que no habría asistido, el hecho de que, “tampoco se tuvo a la vista el reembolso de gasto de combustible y pasajes”.
A lo que Cáceres, responde que “estimé pertinente que la Municipalidad de Rancagua no incurriera en gastos adicionales”.
En cuanto al cuestionamiento a su asistencia a una segunda capacitación en Puerto Varas, Valentina Cáceres, quien actualmente es candidata a diputada, también adjunta los documentos de asistencia y certificados que acreditan su participación en la jornada.
“Por último señalar que me parece de la más absoluta gravedad que se me esté involucrando de manera injusta en situaciones que son ajenas a la verdad, que dañan mi honra y mi imagen pública”, sostuvo.
El exconcejal y actual candidato a diputado, Hugo Guzmán es otro de los mencionados, en este apartado, manifiesta que, “quiero ser totalmente transparente: aparezco mencionado porque el municipio me asignó, de manera errónea, recursos públicos. Fue un error administrativo que subsané, restituyendo la totalidad de esos recursos”.
En la misma línea, Guzmán, afirma que agradece que las instituciones funcionen y que, “es fundamental para que nunca se pierda de vista lo más importante: los dineros públicos deben ser cuidados y resguardados siempre, sin excepciones.
El abogado, Pablo Berwart, quien elaboró una ‘contestación’ a los reparos de Contraloría en representación de cuatro de los aludidos, explica que las etapas claves del Juicio de Cuentas, comienzan con un proceso mediante un «reparo» fiscal, la contestación del reparo y la presentación de pruebas por parte de las partes, y finalmente, la sentencia dictada por el tribunal.
Después de esto, pueden interponerse recursos como la apelación, y si la sentencia es firme, se procede a su cumplimiento. Por lo tanto, este proceso se vislumbra bastante extenso.
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