La Sociedad Nacional de Minería (SONAMI) expresó su preocupación por la forma en que el Ministerio del Medio Ambiente está implementando la Ley N°21.600, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). El presidente del gremio, Jorge Riesco, advirtió que el proceso carece de transparencia y podría afectar directamente a cientos de faenas mineras en el país.
Riesco es claro en afirmar el compromiso del sector con la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. “Somos grandes defensores de la naturaleza porque trabajamos en la naturaleza”, sostuvo, sin embargo, cuestionó la celeridad con que el Ministerio del Medio Ambiente está llevando la implementación del SBAP y advirtió que esa premura impide un análisis técnico riguroso que proteja tanto la biodiversidad como los proyectos productivos.
El presidente de SONAMI critica la forma con la que se está abordando el proceso: “esto se ha realizado de una manera sumamente inadecuada”, señaló Riesco, quien cuestiona la reciente consulta pública sobre los llamados “sitios prioritarios” para conservación, los cuales —según dijo— abarcan amplias extensiones en las zonas norte, centro y sur del país, incluyendo explotaciones activas. “No se sabe con qué grado de protección van a quedar estas áreas, y eso genera una incertidumbre tremenda, especialmente para los pequeños mineros”, afirmó.
La consulta pública aludida hace referencia al proceso de participación ciudadana para revisar el listado y la cartografía preliminar de los “Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad”, en el marco de la mencionada ley, buscando incorporar observaciones técnicas y sociales antes de definir niveles de protección y eventuales exigencias regulatorias.
Por su lado, el ministerio del Medio Ambiente (Resolución N° 07167/2025) amplió los plazos de aplicación de la consulta hasta el 3 de noviembre en la Macrozona norte, 4 de noviembre para la Macrozona Centro y 5 de noviembre para la Macrozona Sur.
El dirigente aseguró que el Estado posee toda la información necesaria para coordinar el proceso, pero apunta a una deficiente coordinación entre organismos y ministerios como Sernageomin, Energía y MOP los que, asegura, disponen de padrones, cartografía e información sobre faenas, relaves e infraestructura, que deberían haberse usado para la consulta. “El Ministerio de Medio Ambiente, en su afán de avanzar, ha olvidado la necesidad de hacerlo con todos los antecedentes”, dijo.
Riesco informó que SONAMI ha identificado 301 faenas afectadas, la mayoría en la zona central. Además, pidió aprovechar el plazo legal de cinco años para la implementación del SBAP y no apresurar el proceso. “Hemos solicitado establecer una mesa técnica multisectorial”, indicó, subrayando que la medida podría impactar también a múltiples sectores con los cuales asegura una coincidencia respecto a la afectación de la nueva normativa, reconociendo contactos con representantes de la pesca, acuicultura, y energía, entre otros.
De esta manera, la incertidumbre sobre el futuro legal y operativo de cientos de faenas mineras, particularmente de la pequeña y mediana minería, afronta un potencial riesgo económico y pérdida de empleo en zonas afectadas, como el histórico distrito minero de Chancón en la Región de O’Higgins.
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