El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua dio a conocer este viernes la sentencia contra el exalcalde de la capital regional, Juan Ramón Godoy, quien fue condenado por los delitos de cohecho, fraude al Fisco y lavado de activos, en una de las causas judiciales de mayor impacto en la Región de O’Higgins en los últimos años.
La audiencia de lectura de sentencia se realizó durante la mañana y fue seguida de manera remota por el exjefe comunal, tal como ocurrió en la lectura del veredicto. En la instancia, el tribunal detalló las penas privativas de libertad, sanciones accesorias y condenas económicas que deberá cumplir Godoy, tras haber sido declarado culpable el pasado martes.
Penas de cárcel e inhabilitación
Por el delito de cohecho continuado y consumado, el tribunal condenó a Juan Ramón Godoy a 12 años de presidio mayor en su grado medio. A esta pena se sumó una condena adicional de 4 años de presidio por el delito de lavado de activos, en su grado máximo.
De esta manera, el exalcalde deberá cumplir un total de 16 años de prisión. Junto con ello, el tribunal decretó la inhabilitación perpetua para ejercer cargos y oficios públicos, una sanción accesoria que lo imposibilita de manera definitiva para desempeñar funciones en la administración del Estado.
Durante la lectura de sentencia, los jueces señalaron que las penas fueron fijadas considerando la gravedad de los hechos acreditados durante el juicio oral, el carácter continuado de algunas conductas y el volumen de antecedentes probatorios presentados por el Ministerio Público, entre ellos testimonios, peritajes financieros y documentación incorporada durante el proceso.
Condenas económicas y demanda civil
En el ámbito económico, la sentencia contempla una multa que supera los 400 millones de pesos, asociada principalmente al delito de cohecho. A ello se suma la acogida de la demanda civil de indemnización de perjuicios presentada en el marco de la causa.
En este punto, el tribunal ordenó a Juan Ramón Godoy el pago de 540 millones de pesos, monto que busca resarcir el daño patrimonial provocado al Estado como consecuencia de los hechos acreditados en el juicio. Con ello, el total de las sanciones económicas impuestas supera los 900 millones de pesos.
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