El juez de Garantía de Santa Cruz desechó la solicitud de salida alternativa del presidente de Blanco y Negro, fijando una audiencia para enero de 2026.
La medida, consignada en el Acta 244-2025, busca orientar la conducta de jueces y juezas hacia la excelencia y fortalecer la confianza de la ciudadanía en la administración de justicia. El documento incorpora valores fundamentales, criterios sobre uso de redes sociales y tecnologías, y la creación de un Consejo Ético de carácter consultivo.
En la actividad, efectuada en el Juzgado de Garantía de Rancagua, participaron, además, el juez encargado del TTD, Mauricio Silva; el fiscal jefe de la ciudad, Claudio Meneses; el defensor jefe de la comuna, Leonardo Valencia, y representantes del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol.
Una vez que la sentencia quede ejecutoriada, se procederá a la toma de muestras biológicas del condenado para determinar su huella genética e incorporarla en el registro nacional de ADN de condenados.
El tribunal de alzada determinó que la cuota que motivó la acción judicial ya había sido pagada antes de la notificación de la demanda, invalidando así la solicitud de cobro anticipado de la deuda.
“Esta iniciativa que contó con el apoyo del Pleno de la Corte de Apelaciones de Rancagua, busca entregar un servicio judicial oportuno a la ciudadanía, potenciar los niveles de eficiencia y cumplir con los plazos legales”, señaló el administrador del TOP de Santa Cruz, Diego Vásquez Palomino.
El fallo estableció que la conducta de la isapre fue arbitraria, ya que otorgó beneficios diferenciados entre atenciones físicas y mentales, lo que vulnera la Ley 21.331 sobre Reconocimiento y Protección de los Derechos de las Personas en la Atención de Salud Mental.
17 de septiembre de 2025
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