Si hablamos del concepto de “mejores pensiones”, todo el espectro político está de acuerdo. ‘Hay que mejorar las pensiones de los adultos mayores’ parece ser un mantra para muchos, lo que podría significar, en simple por supuesto, que los acuerdos sean rápidos y transversales pensando en la necesidad urgente de que los montos de las pensiones permitan vivir con mayor dignidad a las personas que le dieron decenas de años de trabajo al sistema.
Pero no ha sido así. Ha costado mucho. Tanto como para que todavía en la Cámara de Diputados no se haya hecho la votación, porque entre que el gobierno retrasa las indicaciones –que fueron enviadas recién este miércoles 15 de enero-y que la oposición cuestiona porcentajes acá y porcentajes allá, la palabra “urgente” que tanto hemos escuchado, perdió su “urgencia” desde hace tiempo.
Para acelerar la aprobación de esta reforma –con la que desde la derecha a la izquierda se sientan cómodos- incluso se ha puesto sobre la mesa que trabajen el mes o parte de febrero, que es de receso legislativo.
En este contexto, es el que le preguntamos a los parlamentarios de la región de O’Higgins, su visión del tema y los pilares del acuerdo necesario en la materia.
La diputada Natalia Romero señaló que “creo que llegó el minuto de alcanzar un buen acuerdo en materia de pensiones, que permita mejorar tanto las actuales como las futuras jubilaciones de los adultos mayores. Lo más importante es que el acuerdo al que se está arribando mantiene la propiedad de los fondos y destina el 6% de la cotización adicional a las cuentas individuales. Por una parte, un 4,5% iría directamente a las cuentas de cada trabajador, mientras que el 1,5% restante se aportaría a un préstamo con garantía estatal, que al momento de la jubilación se entregará íntegramente a los trabajadores, con una rentabilidad cercana al 2%”.
En tanto, la diputada Marcela Riquelme puntualizó que “hay que ser honestos con la ciudadanía, y la campaña de las AFP ha conseguido su objetivo de confundir a la ciudadanía, muchos creen que el 6% existe, y que es de su propiedad. Siendo que si no se aprueba el proyecto ni siquiera existirá. No es de cargo del trabajador, por lo tanto, no es “suyo”. Y si lo fuera solo mejorará las futuras pensiones, pero no las actuales. Cero para los actuales pensionarios, cero para equidad en el caso de las mujeres, es decir cero solidaridad y más individualismo. Por eso mismo suscribí un proyecto de ley para llamar a plebiscito y que sea la ciudadanía quien elija el destino del 6%, escuchar la voz del pueblo puede ser una frase cliché, pero creo que hoy es más necesario que nunca frente a la sordera de la derecha”.
Para el senador Javier Macaya por su parte, lo importante es que “ojalá esto pueda llegar a buen término, sin duda que es una tarea compleja que tiene objetivos grandes como aumentar un 6% de la cotización individual. Eso es clave porque la longevidad en Chile ha cambiado. Necesitamos subir el 6%, así como generar un sistema que, a la misma edad y con el mismo ahorro, un hombre y una mujer tengan la misma pensión. Establecer compensación para aquellos que llevan mucho tiempo cotizando, buscar disminuir lagunas previsionales, mejorar la competencia entre administradores para bajar los cobros y subir rentabilidades. Para todo aquello se ha estado trabajando, pero claramente no hay nada garantizado, solo queda esperar la tramitación y ser cuidadosos de hacer los cambios con responsabilidad considerando la realidad que vive Chile hoy”.
El también senador por la región, Juan Luis Castro expresó que “estamos en las horas claves de conocer las indicaciones del gobierno hoy y todo indica que estamos muy cerca de llegar a un acuerdo completo en cuanto a tener una forma solidaria permanente. Ahora con cuatro puntos que pueden ser mejorados incluso en el tiempo, más cuatro y medio puntos de inyección directa a las cuentas individuales y todo esto con una gradualidad y una transición hasta por 40 años. Los detalles obviamente se irán conociendo a contar de hoy y en las próximas horas y se irá votando durante esta semana y la próxima en el Senado para poder después despachar a la Cámara de Diputados al trámite final. Tengo optimismo porque esto significa mejorar las pensiones un 25% a 30%, significa bajar el monto de las comisiones significativamente las que cobran la AFP y en tercer lugar significa que haya un componente solidario definitivamente en la ayuda a las personas que solo en un seguro social que ahora se está creando van a tener estabilidad en el tiempo”.
El ex presidente de la cámara, el diputado PPD Raúl Soto por su parte expresó que “llevamos más de 12 años discutiendo una reforma de pensiones. Se trata de una necesidad urgente toda vez que los adultos mayores no pueden seguir esperando un aumento en sus jubilaciones. El acuerdo al que arribó el gobierno con los senadores de oposición recién se dio a conocer y aún quedan muchos elementos por estudiar. Sin embargo, creo que se debe destacar que las AFP obtendrán menos comisiones y que se crea un gestor público de pensiones. Además, las jubilaciones de las mujeres serán igualadas a la de los hombres a través de un seguro social, y se generaría un aumento de la PGU este año a 250 mil pesos”.
Desde el distrito 16, la diputada Carla Morales sostuvo que “esta figura del préstamo como eventual solución, plantea cuestionamientos sobre la sostenibilidad y equidad del sistema a largo plazo, ya que implica que los ciudadanos tendrían que contribuir directamente al financiamiento del Estado a través de sus ahorros previsionales. Desde el punto de vista político y económico, esta medida representa un intento de buscar soluciones creativas para enfrentar un problema estructural en el sistema de pensiones, pero también genera debate sobre la responsabilidad del Estado y los ciudadanos en esta materia”.
Las claves del acuerdo anunciado
El Gobierno presentó ayer por la tarde las indicaciones para la reforma previsional, que fueron negociadas con la oposición y que deberán ser votadas rápidamente para que el proyecto salga antes del receso legislativo y no quede para marzo. En lo medular, las modificaciones del Ejecutivo incorporan un 7% de contribución de parte del empleador, que ya contribuye con un 1,5%. Con esto, el aporte total de este será de 8,5%.
La estructura será la siguiente. Un 4,5% irá a ahorro individual y aumentará 0,15 puntos porcentuales cada 12 meses, hasta llegar a 6%. Un 1,5%, en tanto, será un aporte diferido con rentabilidad diferida (préstamo al Estado). Este será administrado por el Seguro Social, con el que se financiará un beneficio de 0,1 UF por año cotizado. «El Beneficio por Año Cotizado tendrá un tope de 25 años cotizados (2,5 UF). El requisito será de 13 años para las mujeres y de 20 años para los hombres. Se aplicará íntegramente por los primeros 20 años y de modo decreciente por los siguientes 10», informó el Gobierno. Este porcentaje, desde 241 meses -es decir, 20 años- disminuirá en 0,15 puntos porcentuales por cada 12 meses hasta alcanzar 0%.
«Se crea, de manera permanente, un pilar de seguridad social dentro del sistema de pensiones, cuyo propósito es mitigar riesgos que no pueden ser administrados por los afiliados. Este pilar contará con una institucionalidad pública propia y administrará un Fondo del Seguro Social, que se nutrirá de los aportes de los empleadores y del Estado.», señaló el Ejecutivo en una minuta.
También habrá un 2,5% para el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS). Los empleadores ya contribuyen con un 1,5%, por lo que el aumento será de un punto. «La implementación de la nueva cotización de 7% de la renta imponible se iniciará a los 12 meses de publicada la ley y se hará con la siguiente gradualidad y destino», especificó el Ejecutivo.
No terminan las AFP y sube la PGU
Las indicaciones consideran un aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $250 mil y acceso al beneficio por parte de beneficiarios de leyes reparatorias (Rettig, Valech y exonerados políticos). Con respecto a la regulación de la industria, se establecieron varios puntos. Según informó el Gobierno, se ampliarán y diversificarán los operadores del sistema para reducir los costos para los afiliados; se establece un sistema de premios y castigos para incentivar que el desempeño de los inversores esté alineado con lograr la mejor rentabilidad para los afiliados; y cada dos años se licitará el 10% de afiliados actuales, seleccionados aleatoriamente.
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