El Día Internacional de la Discapacidad pasó casi desapercibido en Chile, y para Elizabeth Escobedo, activista y madre de un niño con autismo, esto no es casualidad. “¿Cómo entiendes que hoy no haya habido un solo personero de gobierno refiriéndose al tema? Tanto tenemos que esconder la discapacidad en Chile”, expresó con evidente frustración.
A lo largo de la conversación con El Tipógrafo, Elizabeth cuestionó no solo la indiferencia del gobierno actual, sino de todo el aparato estatal, al que acusa de haber fracasado en asumir la inclusión como un derecho humano. “En teoría, deberíamos estar hablando de inclusión, pero nuestra sociedad no lo asume como un imperativo ético. Los derechos humanos parecen no existir para muchos en la clase política”, enfatizó.
Un presupuesto que no alcanza
Una de las críticas más severas estuvo dirigida a la reducción del presupuesto de la Ley de Autismo. Según Elizabeth, esta disminución ha afectado directamente a miles de familias que confiaban en las promesas de la ley. “El primer año pasaron de 24 mil millones a 9 mil, y este año nuevamente lo rebajaron de 45 mil a 9 mil millones. Con ese presupuesto solo se alcanza a dar seis meses de atención, y después se deja botado al niño el resto de su vida”, denunció.
La activista subrayó que el impacto de esta reducción no solo limita el acceso a terapias, sino que perpetúa la dependencia de las familias en soluciones autofinanciadas. “Nos dicen: hagan rifas, bingos, anticuchos. Así estamos. Trabajamos reciclando en rodeos, limpiando medias lunas o vendiendo pescado frito para cubrir necesidades básicas”, explicó.
La falta de respuesta regional
Elizabeth también dirigió sus críticas a los representantes de la Región de O’Higgins. Señaló que ninguno de ellos ha priorizado la discapacidad como tema relevante. “Hoy siento pena por las autoridades de mi región. Ni siquiera se apareció alguien de Desarrollo Social. Nadie. Andábamos en la colecta y los colegios nos preguntaban qué era el Día de la Discapacidad. Ni siquiera educan a los niños sobre esto”, lamentó.
A nivel local, mencionó que las iniciativas como el convenio de terapia entre su agrupación y la municipalidad de Rancagua no han contado con el impulso necesario. “Prometieron reciclar de manera digna durante las fiestas, pero nosotros terminamos sacando latas de los contenedores de basura”, relató.
Desigualdad en la defensa de derechos
Elizabeth se detuvo para comparar el trato que reciben las personas con discapacidad y sus familias frente a los recursos destinados a la defensa de personas acusadas de delitos. “Aquí no se defienden los derechos humanos, se defienden los derechos de los delincuentes. Si cometes un crimen, tienes derecho a un abogado, pero si tienes un hijo con discapacidad, debes pagar para asegurarle un futuro. Es injusto y suena horrible, pero es la realidad”, aseveró.
Para la activista, el problema no radica únicamente en los recortes presupuestarios, sino en una falta de compromiso ético que atraviesa administraciones de todo signo político. “Los gobiernos son administradores de nuestros bienes, pero nadie se para a exigirles que cumplan”, concluyó.
El esfuerzo ciudadano como única esperanza
A pesar del panorama desolador, Elizabeth destacó el esfuerzo de organizaciones locales como la suya, que buscan suplir las falencias del sistema. “Intentamos que la gente no se sienta abandonada, pero eso cuesta trabajo. Autismo Rancagua parece gratuito, pero no lo es. Nos dejamos la vida reciclando y organizando actividades para sostener nuestras necesidades”, detalló.
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