El cierre del cruce ferroviario ubicado en el kilómetro 86,200 de la Línea Central Sur —conocido por los vecinos de Gultro Viejo, Olivar, como pasaje Urzúa— mantiene en incertidumbre a las familias del sector, quienes advierten la posibilidad de quedar completamente aisladas una vez que se concrete la medida ordenada por la Corte Suprema.
Según relatan, la situación comenzó hace poco más de un año, cuando la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) informó a la Municipalidad de Olivar sobre la necesidad de cerrar el paso por tratarse de “un cruce irregular”. La medida encendió las alarmas en el sector, ya que se trata del único acceso existente a las viviendas.
“Este es el único acceso que tenemos, no hay otro. Todos los terrenos aledaños son particulares. Si cierran el paso, quedamos encerrados”, afirma Karina Maturana, vecina del pasaje Urzúa.
Ante la posibilidad del cierre, los habitantes del lugar decidieron presentar un recurso de protección en agosto de 2024. “Contratamos abogados porque no teníamos otra opción. Entendemos que EFE quiere cerrar por seguridad, pero si lo hacen nos dejan sin salida ni ingreso de emergencia”, comenta Maturana.
El proceso judicial y las decisiones de los tribunales
El abogado Luis Peña Valenzuela, quien representa a las familias, explica que el recurso de protección fue presentado el 8 de agosto de 2024 y acogido favorablemente en primera instancia por la Corte de Apelaciones de Rancagua. “La sentencia ordenó que EFE debía informar a los vecinos los requerimientos técnicos para regularizar el cruce, pero eso nunca ocurrió”, señala.
Sin embargo, la empresa estatal apeló ante la Corte Suprema, que el 25 de agosto de este año revocó la decisión. En su fallo, el máximo tribunal determinó que “no es posible pretender amparar por esta vía una situación de hecho que es contraria al ordenamiento jurídico y constituye un incumplimiento de los actores a las disposiciones establecidas en el Reglamento de Cruces Particulares en Vías Férreas”.
La sentencia agrega que “el paso que los recurrentes pretenden mantener abierto no constituye un ‘cruce particular’, por cuanto nunca ha sido autorizado por empresa ferroviaria alguna”, y que su mantención o cierre “depende enteramente de las normas que rigen la actividad de la empresa de ferrocarriles”.
EFE acompañó un informe técnico que concluye que el lugar “no es factible de regularizar”, debido a que las condiciones geométricas y de visibilidad “no permiten un cruce seguro”. El documento advierte además que “existe un riesgo para las personas que transitan por el lugar, para el personal de la empresa y para la infraestructura ferroviaria”.
Tras el fallo, el abogado Peña advirtió que “los vecinos quedan literalmente encerrados” y que están evaluando nuevas acciones, aunque reconoce que “existe el riesgo de que se configure la cosa juzgada”.
La posición de la Municipalidad de Olivar
Desde el municipio indicaron, mediante un comunicado oficial fechado el 22 de octubre, que la alcaldesa María Estrella Montero y su equipo “sostuvieron el año 2024 una reunión con los vecinos y representantes de EFE”, donde la empresa informó que se trataba de un cruce irregular utilizado para el tránsito vehicular.
La municipalidad aclaró que no tuvo “participación ni injerencia en el recurso de protección presentado por los vecinos, ni tampoco en la subdivisión de los predios involucrados”, precisando que “dichos terrenos corresponden a zona agrícola, por lo que la Dirección de Obras Municipales no tiene competencia para aprobar su subdivisión”.
El comunicado añade que, atendiendo la preocupación de la comunidad, la alcaldesa gestionó con EFE y Carabineros una prórroga del cierre, aunque la medida “se ejecutó conforme a lo resuelto por la Corte Suprema”.
Finalmente, el municipio informó que coordinará una reunión con los vecinos “para analizar alternativas y soluciones complementarias que permitan mitigar los efectos de esta situación en el sector”.
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