Funcionarios del transporte rural en la región ha puesto sobre la mesa una problemática que combina desigualdad territorial, déficit financiero y tensiones normativas en torno al uso de la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE). Transportistas, autoridades y estudiantes coinciden en que el actual modelo de subsidios no está respondiendo a las necesidades reales de los sectores rurales, donde la locomoción pública es muchas veces la única vía de conexión con los servicios básicos.
“La función que cumple el transporte público en sectores rurales es muy importante. Las personas en estos lugares no tienen el acceso de tomar un colectivo o una bicicleta. Hay mucha dependencia del transporte público rural”, señaló la senadora Alejandra Sepúlveda, enfatizando que el 30 % de pobreza multidimensional que afecta a las zonas rurales se relaciona directamente con la falta de conectividad.
Según cifras del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, para 2025 la Región de O’Higgins cuenta con $11.240 millones en subsidios destinados al transporte público. De ese total, $6.503 millones corresponden a la rebaja de tarifa estudiantil en zonas no licitadas, $2.680 millones al transporte escolar gratuito —que beneficia a más de 7.200 estudiantes rurales— y $1.008 millones a la conectividad de zonas aisladas. Sin embargo, los gremios acusan que esos recursos no llegan con equidad ni proporcionalidad a los operadores rurales.
El asesor jurídico de la organización de transportistas, Marcos Santelices, explicó que “cuando se dictó la Ley 20.378 se estableció un subsidio como compensación a los menores pagos que hacen los estudiantes. Pero ese diferencial nunca se ha pagado como corresponde”. Añadió que la brecha entre la tarifa adulta y la tarifa estudiantil —rebajada al 33 %— debería ser cubierta por el Estado, y no por los pequeños empresarios del transporte.
A esta dificultad económica se suma la controversia sobre el uso de la TNE. Según el Decreto Supremo N.º 20 de 1982, la tarjeta puede utilizarse durante todo el año, pero “con motivo de estudio”. La Contraloría General de la República ratificó recientemente que el pase puede usarse “las 24 horas del día, los siete días de la semana, durante todo el año, incluyendo enero y febrero”, pero recalcó que los viajes deben justificarse por fines académicos. Esta dualidad ha generado conflictos entre conductores y estudiantes en regiones como O’Higgins, donde algunos choferes se niegan a aceptar el pase fuera del horario escolar o durante vacaciones.
“Consideramos que debemos unir fuerzas porque como a ellos les afecta, a nosotros también”, sostuvo Benjamín Arenas, presidente del Centro de Estudiantes de la Universidad de O’Higgins. “Si no tenemos un buen transporte intercomunal o rural, nos afecta directamente. Además, a veces los choferes no nos creen que vamos a estudiar y nos bajan de las micros. Es violento y muestra que hay un problema tanto en el fondo como en la forma”.
La senadora Sepúlveda anunció que sostuvieron una reunión con el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, y que se espera una mesa de trabajo con el gobernador regional para definir una fórmula de compensación que permita equilibrar los subsidios entre sectores urbanos y rurales. “No es posible que los beneficios entregados a los sectores rurales sean tan distintos en relación a los urbanos”, enfatizó.
La situación, según los gremios, requiere una revisión urgente del sistema de subsidios, ajustes normativos a la TNE y un compromiso político real para sostener el transporte rural, que más que un servicio, constituye un derecho social de conectividad para las comunidades más postergadas del país.
Comentarios
Noticias recientes
Más Leídas