La Contraloría Regional de O’Higgins acogió el reclamo de la exfuncionaria municipal María Gabriela Henríquez Rojas, destituida por el alcalde Boris Acuña mediante el decreto N° 1.677 de 2025. Según el dictamen del órgano fiscalizador, el procedimiento disciplinario no se ajustó a derecho, violó los principios de proporcionalidad y debido proceso, y careció de fundamentos legales suficientes.
El caso se originó en una investigación sobre supuestas irregularidades vinculadas a un convenio de atención oftalmológica para adultos mayores suscrito entre el municipio y el Servicio de Salud O’Higgins. Tras revisar los antecedentes, la Contraloría determinó que la funcionaria no actuó con dolo ni obtuvo beneficios personales, y que su eventual falta constituía únicamente una negligencia leve, insuficiente para justificar la destitución.
El organismo instruyó al municipio de Doñihue retrotraer el sumario hasta dictar un nuevo acto fundado, ajustado a los principios de proporcionalidad, y ordenó que el cumplimiento de esta instrucción sea verificado en un plazo de 15 días hábiles por el director de control municipal.
La resolución también recordó que durante periodos electorales, las destituciones solo pueden efectuarse mediante sumarios instruidos por la Contraloría, lo que no ocurrió en este caso, reforzando la ilegalidad del acto.
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