La seremi de Educación de la región de O’Higgins, Alyson Hadad, quien se desempeña por segunda vez en el cargo, abordó en profundidad el proyecto de ley que reemplaza el Crédito con Aval del Estado (CAE) por un nuevo sistema de financiamiento público, denominado FES (Financiamiento de la Educación Superior). La autoridad destacó que la iniciativa beneficiará a numerosas familias de la región y del país, entregando una alternativa más justa y flexible para quienes cursan estudios superiores o mantienen deuda con el sistema educativo.
Hadad destacó la relevancia del tema y señaló que su implementación beneficiará a muchas familias. “El FES busca responder a una necesidad histórica de los estudiantes y egresados: Cuando uno adquiere una deuda con un banco, no solo debe pagar el dinero que prestaron, sino también los intereses. Esto es lo que sucede con el CAE, que incluye intereses que deben ser cancelados a la banca y que, en caso de impago, el Estado desembolsa ese dinero. Han sido más de 10.000 millones destinados a financiar esta deuda a lo largo de los años. Recursos que podrían utilizarse para mejorar los establecimientos educacionales desde parvularia hasta educación superior” señaló.
La autoridad enfatizó que el proyecto de ley mantiene el financiamiento de la educación superior, pero de manera más equitativa: “Es para todos los estudiantes de educación superior que no pertenezcan al 10% de los más altos recursos. Los demás podrán acceder a este nuevo financiamiento con cargo directo al Estado, debiendo retribuir solo una vez titulados, según su salario. Hoy, con el CAE, se destina aproximadamente un 14% del salario; con el nuevo sistema, el máximo será un 4%, lo que representa un alivio real para las familias”.
Respecto a los actuales deudores del CAE, Hadad señaló que podrán realizar un cambio voluntario al FES. “Actualmente, 1.600.000 personas mantienen deuda en el país, y el CAE no permite cancelar la totalidad en un solo pago. Con el FES, podrán optar por financiar el 50%, 75% o el 100% de su saldo pendiente”, explicó, destacando que así los pagos futuros serán más manejables y ajustados a la capacidad económica de cada familia.
El proyecto se implementará en coordinación con las universidades, asegurando la autonomía institucional y los recursos necesarios para mantener los proyectos educativos. “Hemos tenido un proceso de diálogo extenso con todos los actores involucrados para llegar a la mejor fórmula. Protegemos a las familias y garantizamos la continuidad del sistema educativo”, explicó la seremi.
Sobre la tramitación legislativa, Hadad manifestó que existe consenso entre los actores políticos: “Ha habido buena voluntad por escuchar este tema, que es una demanda social muy importante. Esperamos un avance pronto en el Senado, porque lo que no puede pasar es que una persona deje de estudiar por falta de financiamiento. Este es un compromiso del presidente Boric y nuestro, para apoyar a los estudiantes y familias de la región”.
En la región de O’Higgins, cerca de 60.000 estudiantes se beneficiarán con esta iniciativa, que busca equilibrar la equidad social, la responsabilidad fiscal y el acceso a la educación superior, ofreciendo un sistema más justo y sostenible para las futuras generaciones.
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