En fallo unánime, la Corte de Apelaciones de Rancagua acogió un recurso de protección interpuesto por el Hospital Regional Dr. Franco Ravera Zunino y ordenó inocular a un recién nacido contra la tuberculosis (BCG) y la hepatitis B, además de cumplir con el Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI).
El tribunal de alzada calificó como ilegal y arbitraria la negativa de la madre a la acción de vacunar a su hijo recien nacido, determinando que vulnera el derecho a la vida e integridad física del lactante al exponerlo a enfermedades graves.
Según los antecedentes, el rechazo obedeció únicamente a “una preocupación preventiva y general frente a posibles reacciones adversas”, sin que existiera una contraindicación médica acreditada.
En su resolución, la Corte enfatizó que, si bien los padres tienen el deber preferente de cuidar a sus hijos, “dicha facultad encuentra su límite en la vida, la salud y la integridad del niño, así como en las obligaciones que la ley impone en resguardo de la salud pública”.
Asimismo, subrayó que la vacunación constituye “una obligación legal que pesa sobre los padres respecto de sus hijos”.
Aunque posteriormente el menor inició parte de su esquema sanitario, el tribunal advirtió que “la amenaza que motivó el presente recurso subsiste en tanto no se haya completado la inmunización obligatoria”, por lo que ordenó a la madre presentar al lactante en su centro de salud en un plazo de 10 días desde que la sentencia quede ejecutoriada, debiendo cumplir rigurosamente con el calendario oficial de vacunación.
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