En un brillante despliegue de planificación urbana y eficiencia burocrática, la 28ª sesión ordinaria del Concejo Municipal de San Fernando pasará a la historia local no solo por aprobar la nueva Ordenanza de la Feria Libre El Trapiche, sino por revelar un pequeño detalle técnico que a los «equipos profesionales» de la municipalidad se les pasó por alto: el terreno que el municipio arrendó hace más de un año prohíbe explícitamente el desarrollo de actividades comerciales.
Tras exhaustivas comisiones de trabajo que se extendieron desde agosto hasta octubre donde se asumía que profesionales, asesores y directivos revisaron minuciosamente cada documento, la votación se llevó a cabo en medio de un insólito escenario donde la norma se aprobó para un espacio en el que, legalmente, no se puede vender ni una lechuga.
El presidente de la Comisión de Rentas y Patentes, el concejal Cristián Calderón Letelier, fue el encargado de presentar con orgullo el informe técnico. Detalló con precisión los 12 títulos que componen la regulación: zonificación, infraestructura, gobernanza, seguridad y régimen de infracciones. Todo perfectamente estructurado y listo para aplicarse. Tras confirmar que todas las instancias formales de revisión habían sido «cumplidas», dio su voto a favor.
El «pequeño detalle» del Certificado de Informaciones Previas
La nota de realidad y de involuntario humor jurídico la puso el concejal Matías Álvarez. Aunque coincidía con la urgente necesidad de trasladar la feria fuera de la avenida Manso de Velasco por razones de orden vial, Álvarez decidió hacer algo revolucionario: pedir y leer el Certificado de Informaciones Previas (CIP) y consultar a la Secretaría Regional de Vivienda (SEREMI).
El terreno arrendado con recursos de todos los sanfernandinos ostenta la calificación de Zona ZU6 (Industria Inofensiva), una categoría que prohíbe de manera tajante el comercio y las ferias libres. En otras palabras, la administración arrendó un predio industrial para instalar la feria.
A este prodigio de la gestión de activos se sumó la ausencia de actas de participación ciudadana y la falta de certezas sobre las resoluciones sanitarias para agua potable y alcantarillado. Ante semejante panorama, Álvarez solicitó evaluar el término anticipado del contrato de arriendo para evitar que el patrimonio municipal siga pagando por un predio inservible para el fin contratado, formalizando su rechazo.
Cuestionamientos legales y la fe en el «ya se arreglará en el camino»
La concejala Paz Belén Rodríguez aportó otra capa de asombro al expediente al revelar que la normativa cita proyectos de ley en lugar de la promulgada Ley N° 21.815, cuya bajada reglamentaria aún ni existe. A esto sumó la falta de informes de sostenibilidad, permisos de edificación, recepción definitiva y autorizaciones para aguas servidas, además del «olvido» del cambio de destino del suelo exigido por la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
Rodríguez anunció que llevará los antecedentes a la Contraloría General de la República, mientras que el concejal Juan Muñoz, con evidente resignación, fundamentó su voto en contra señalando sencillamente que a la normativa «le falta maduración».
Por su parte, las concejalas Marta Cádiz y María José Alemán respaldaron la medida apelando a la fe administrativa: calificaron la ordenanza de «flexible» y argumentaron que el uso de suelo, las exigencias sanitarias y los permisos son solo «trámites subsiguientes» que se irán arreglando sobre la marcha para «dignificar» a los feriantes.
«No asumiré responsabilidades»
Acorralado por la evidencia técnica, el alcalde de San Fernando, Pablo Silva Pérez, centró su defensa en los peligros reales e indiscutibles de mantener la feria en Manso de Velasco respaldado por Bomberos, Carabineros y vecinos debido al bloqueo de accesos al Hospital y CESFAM. La autoridad enfatizó que en El Trapiche ya operan otras actividades comerciales (sin aclarar si estas cuentan con el suelo adecuado) y dejó claro que no cargará con la responsabilidad de una tragedia en la vía pública.
Así, San Fernando suma un capítulo memorable a su gestión pública: una ordenanza aprobada a la medida de un predio donde vender está prohibido, bajo la promesa de que la burocracia se amoldará a la realidad tarde o temprano.
