Lo que comenzó como un proceso de sucesión destinado a modernizar la administración de Herraduros S.A.D.P., concesionaria detrás del histórico Colchagua Club de Deportes, derivó en un escándalo de proporciones legales y sociales. Jorge Salazar Urzúa, dirigente deportiv, ciudadano Ilustre de la comuna y figura clave en la supervivencia del club por décadas, decidió denunciar públicamente lo que califica como una maniobra de elusión por parte de la empresa Mangai SpA.
Según el contrato de compraventa al que tuvo acceso El Tipógrafo, la historia se remonta al 2 de febrero de 2023, fecha en que se selló un acuerdo que parecía definitivo. Salazar transfirió el 62,14% de las acciones de la sociedad a Mangai SpA, representada por el abogado Enrique Vera Berríos. El trato no solo traspasaba la propiedad mayoritaria, sino que trazaba un plan para sanear una deuda reconocida de $189.332.000 mediante un aumento de capital que elevaría la participación de los compradores al 87%.
El precio de venta se fijó en 4.426 Unidades de Fomento (UF), bajo una estructura de pago ideada por el propio Vera en su rol de jurista: un pie inicial de 118 UF y 72 cuotas mensuales de 59 UF. Además, se reconoció una deuda personal de la sociedad con Salazar por $18.000.000, la cual debía ser reintegrada.
El «acto de magia» y la desaparición del comprador
La armonía duró poco. Según los antecedentes aportados por Salazar, tras cumplir los primeros abonos, Mangai SpA cesó los pagos sin justificación. Vera pasó de ser el arquitecto de la transacción a volverse «inubicable», evadiendo las notificaciones judiciales a pesar de que el contrato incluía una cláusula de aceleración que facultaba a Salazar a exigir el saldo total ante cualquier incumplimiento.
La denuncia trasciende la deuda económica. El empresario alerta sobre la creación de una nueva sociedad anónima, constituida «entre gallos y medianoche», cuyo presunto objetivo sería «gambetear» las responsabilidades financieras con los acreedores locales y con el propio vendedor, además de omitir el registro del pasivo ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
El fin de la función social: «Ahora hay que pagar por jugar»
Para San Fernando, la herida más profunda es la pérdida de identidad de la institución. Bajo la gestión de Salazar, el fútbol joven era 100% gratuito y financiado con su patrimonio personal. Hoy, bajo el control de una administración ajena a la ciudad, se instauró un cobro a las familias para que los niños ingresen a la cantera.
«Es típico cuando alguien no quiere pagar: no contesta, se da por no notificado y es imposible de ubicar», lamenta Salazar, recordando que el precio pactado era irrisorio (apenas un 30% de lo que él invirtió).
Un balón en busca de dueño
Agotado por la «habilidad legal» de los compradores para esquivar a los receptores judiciales, Salazar puso el contrato original a disposición de la opinión pública. Su postura es abierta: busca una salida negociada, ya sea repactando la deuda o recuperando la propiedad para devolver el club a sus raíces locales.
Análisis técnico: La cláusula de aceleración
Según la quinta cláusula del contrato de cesión, la estipulación de aceleración es la facultad legal del vendedor (cedente) para exigir el pago inmediato del saldo adeudado si el comprador (cesionario) incumple cualquier cuota:
- Activación: Se gatilla ante el no pago de las cuotas mensuales fijadas en la cláusula cuarta (72 cuotas de 59 UF).
- Consecuencia: Permite a Salazar dar por vencidos todos los plazos y exigir el monto total restante en un solo cobro, sin esperar los vencimientos mensuales.
- Relevancia: Es el eje central de la demanda, pues Salazar sostiene que el cese de pagos tras las cuotas iniciales le otorga la atribución legal de exigir judicialmente la totalidad del saldo.
Por su parte, el actual regente de Colchagua S.A. no ha sido posible ubicarlo pero en el último tiempo solo realiza declaraciones on the record, entregando solo versiones fuera de micrófono que carecen de validez formal para los lectores. Mientras tanto, Salazar reiteró su disposición a transparentar el contrato con cualquier vecino o socio que desee conocer los alcances de la transacción, para que así verifiquen quién miente.
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