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Nueve de cada diez víctimas son niñas: Programa especializado alerta sobre explotación sexual infantil en O'Higgins


Rancagua concentra la mayor cantidad de casos detectados desde que opera el programa especializado en la región. Las redes sociales se han convertido en parte de los mecanismos de contacto utilizados en estos casos

MARTES, 19 DE MAYO DE 2026
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Publicado por

Sofía Duarte



No siempre hay un agresor esperando en la calle. A veces es una notificación en el celular, un mensaje de alguien que dice tener su misma edad, una conversación que comienza sin levantar sospechas. Pero también puede tratarse de niñas y adolescentes que crecieron en contextos marcados por el abandono, la falta de supervisión y múltiples episodios de violencia. Así opera hoy la explotación sexual infantil en la Región de O’Higgins, de manera silenciosa y muchas veces difícil de detectar, afectando principalmente a menores que arrastran historias complejas desde temprana edad.

Organismos internacionales la consideran una forma contemporánea de esclavitud. En Chile, la problemática mantiene en alerta permanente a programas e instituciones especializadas, y la Región de O’Higgins no es la excepción. Desde noviembre de 2025 opera en el territorio el programa PEE ESI O’Higgins, dependiente del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, enfocado en detectar, interrumpir y reparar situaciones de explotación sexual de menores.

Su directora, Daniela Moya, describe un patrón común entre quienes ingresan al programa. “Son niños y adolescentes que han sufrido bastante en su vida. Presentan muchos factores de riesgo, como pobreza, consumo de drogas, alcohol, deserción escolar y escaso acompañamiento familiar”, explica.

En medio de este escenario, uno de los antecedentes que más preocupa al equipo especializado es el perfil de las víctimas detectadas, cerca del 90% corresponde a niñas y adolescentes mujeres. Para Moya, esto refleja una problemática profundamente vinculada a la violencia de género y a factores culturales que exponen de forma desproporcionada a las mujeres jóvenes. Rancagua concentra la mayor parte de los casos, aunque Santa Cruz, Rengo y San Fernando también aparecen de manera recurrente entre las comunas detectadas por el programa.

La captación de víctimas también se trasladó al mundo digital. Las plataformas digitales se transformaron en espacios donde el anonimato protege a los agresores y la edad puede falsificarse fácilmente. Adultos solicitan imágenes, videos o conversaciones de contenido sexual a menores a través de aplicaciones móviles y redes sociales y, una vez obtenido ese material, comienzan las amenazas y extorsiones.

“Muchas veces los adolescentes caen en este círculo, incluso siendo amenazados con difundir ese contenido entre sus padres o cercanos”, advierte Moya. El temor a la exposición termina convirtiéndose en un mecanismo de control. 

Desde el programa recalcan que las familias deben asumir un rol activo frente a estos riesgos. “El trabajo fuerte que tienen que hacer los padres es educar, sensibilizar y explicarles los peligros que existen”, sostiene la directora.

La prevención, sin embargo, no depende únicamente del entorno familiar. Escuelas, comunidades y equipos territoriales también cumplen un rol clave en la detección temprana de alertas, adolescentes circulando solos durante la madrugada, vínculos inexplicables con adultos, cambios bruscos de conducta, consumo repentino de sustancias o ausencia reiterada de supervisión. Ningún indicador confirma por sí solo un caso, pero la presencia de varias señales puede requerir una intervención urgente.

Y ahí el programa insiste en un punto central, no es necesario tener pruebas para denunciar. “La invitación es a no omitir este tipo de situaciones. Ante la sola sospecha, las personas pueden hacer la denuncia”, enfatiza Moya. Los canales disponibles incluyen Carabineros, la PDI, el Ministerio Público y las Oficinas Locales de la Niñez presentes en distintas comunas de la región.

Tras la denuncia, las víctimas ingresan a un proceso de acompañamiento psicológico, social y jurídico que puede extenderse por hasta tres años, reflejando tanto la gravedad del daño como la necesidad de una intervención sostenida en el tiempo.

En una problemática que suele permanecer oculta durante años, la denuncia temprana y la capacidad de las comunidades para identificar conductas de riesgo siguen siendo las herramientas más concretas para proteger a niños, niñas y adolescentes antes de que el daño sea irreversible.


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