Si bien ya hay colegios que ayer iniciaron el periodo académico 2026, el próximo 4 de marzo, miles de estudiantes de la región de O’Higgins regresarán a las aulas enfrentando la implementación definitiva de la Ley 21.801, la cual prohíbe el uso de dispositivos móviles en educación parvularia, básica y media.
Esta normativa obliga a los establecimientos a actualizar sus reglamentos de convivencia antes del 30 de junio, y en la zona, diversos colegios han tomado la delantera para transformar este «apagón digital» en una mejora del clima escolar y la recuperación de la atención de los alumnos.
En el Instituto Rancagua, la estrategia se centra en la coexistencia de la tecnología pedagógica y la restricción recreativa. Para los niveles superiores, han implementado estuches de seguridad magnéticos que el alumno conserva, pero que se bloquean al ingresar a la sala. Anamaría Reyes, directora del establecimiento, explica que cuentan con un sistema de salas temáticas y plataformas digitales, por lo que el dispositivo se libera solo cuando la planificación lo requiere. «El alumno no va a usar el celular, él queda con su celular para evitar cualquier cosa… cuando dentro de la planificación esté el uso de este dispositivo, el profesor le desinstala el sello y se le activa el celular para poder trabajar», señala Reyes.
Por su parte, el Colegio Inglés Saint John apuesta por una transición cultural basada en la neurociencia, tras haber iniciado una campaña preventiva durante 2025. Tania Lemarie, prorrectora del colegio, sostiene que la medida busca combatir el aislamiento adolescente y fortalecer la socialización presencial. Según Lemarie, la disminución del uso de pantallas impacta directamente en la biología del aprendizaje: «La disminución del uso del celular permite recuperar la atención profunda, que en términos de posición del alumno para el aprendizaje significa mejorar y fortalecer la memoria de trabajo y la comprensión con sentido», afirma la directiva.
La voz de los docentes: Críticas a la forma y brechas
Pese al consenso sobre los beneficios, el gremio docente manifiesta preocupación por la operatividad. Francisco Castillo, presidente del Colegio de Profesores de Paredones, critica que la normativa se difundiera en vacaciones, dejando a los docentes en la «primera línea» de posibles conflictos, por ejemplo, con alumnos y apoderados. «Se publica la ley y empiezan los profesores influencer a dar su interpretación… y no hay nada 100% claro todavía, entonces hay harta incertidumbre», advierte Castillo.
La implementación también redefine la ingeniería del aula. La firma del Libro de Clases Digital y el paso de lista se mantienen, pues la ley permite el uso de dispositivos para gestión administrativa. Sin embargo, en zonas rurales la conectividad es el punto crítico. «Hay colegios donde el DAEM entrega internet, pero un pequeño ventarrón y el internet se corta y el profesor necesita el internet para buscar un ejemplo, para pasar la lista», explica Castillo, subrayando que muchos docentes terminan dependiendo de sus planes de datos personales.
Así, mientras el «apagón» busca devolver la atención a los alumnos y prevenir conductas de acoso, los establecimientos de O’Higgins enfrentan el desafío de garantizar que la infraestructura institucional soporte la vinculación con pizarrones electrónicos y plataformas oficiales sin caer en la improvisación técnica que hoy inquieta a los profesores.
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