Al cierre de esta edición, el cumplimiento del gabinete regional de O’Higgins en materia de transparencia muestra un bajo nivel de avance. De las 19 secretarías regionales ministeriales, solo 5 autoridades (26,3%) han publicado su Declaración de Intereses y Patrimonio (DIP), mientras que el 73,7% restante no registra información disponible en el portal de InfoProbidad, herramienta fundamental prevenir conflictos de interés y verificar la conducta “intachable” de las nuevas autoridades.
El artículo 11 de la Ley 20.880 es claro: «El incumplimiento de la obligación de declarar, o hacerlo de manera incompleta o inexacta, constituye una infracción sancionada con multas de 5 a 50 UTM y, de persistir, se considera una falta grave a la probidad que da lugar a la destitución o cese de funciones».
En concordancia con la misma ley, las autoridades deben presentar este documento dentro de 30 días desde la asunción en el cargo, plazo que en la práctica administrativa suele interpretarse como continuo. En la región, donde los nombramientos se concretaron de forma escalonada entre el 25 y el 30 de marzo, los vencimientos se concentran entre fines de abril y los primeros días de mayo, instalando presión sobre un grupo mayoritario que aún no registra publicación.
En ese contexto, varias carteras se encuentran al debe para que la información esté disponible públicamente. Entre ellas figuran Agricultura, Energía, Justicia, Medio Ambiente, Minería, Trabajo, Transporte, Vivienda, Culturas y Deportes, además de Bienes Nacionales.
Declaraciones ya publicadas
El grupo que ha cumplido con la obligación legal presenta perfiles patrimoniales diversos. La seremi de Salud, Daniela Zavando, ingresó su declaración el 3 de abril, consignando una vivienda en Machalí avaluada en $191 millones, un vehículo y participación en una sociedad médica privada. La normativa le prohíbe intervenir en asuntos donde tenga interés, significando que cualquier sumario sanitario o resolución que afecte a su sociedad o a competidores directos en la zona debe ser firmado por un subrogante o ser debidamente informado para su abstención.
En Desarrollo Social, Cristian Flores cumplió el trámite el 14 de abril, informando dos propiedades en la región y el 50% de su residencia en Requínoa (con un avalúo total de $299 millones). No obstante, su declaración presenta una inconsistencia contable: mientras el monto global de su deuda figura en $269.000.000, en el detalle de obligaciones solo justificó un crédito hipotecario de $26,3 millones. Si bien la ley solo obliga a desglosar pasivos superiores a las 40 UTM (aprox. $2,6 millones), esta excepción no explica la brecha de $242 millones que la autoridad mantuvo sin acreedores identificados ni respaldo específico en el documento público.
El seremi de Economía, Juan Carlos Meléndez, estableció su declaración el 22 de abril, en la cual no reportó bienes inmuebles ni vehículos, pero sí el 50% de una sociedad — Market SpA, sin movimientos desde 2022— y una deuda de consumo por $14 millones. En Educación, Jorge Abarzúa informó un vehículo, pasivos por $28 millones y participación en una organización sin fines de lucro. En tanto, la seremi de la Mujer, Carla Morales, declaró dos propiedades con hipoteca, un vehículo y deudas por $17,4 millones.
Casos sin información disponible
El caso más incierto se halla en Obras Públicas, donde el sistema indica un movimiento el 24 de abril, pero la declaración del seremi Carlos Astudillo aparece actualmente como “no disponible”, lo que impide verificar su contenido o estado.
El resto de las carteras —que concentran la mayoría de los casos— continúa sin información pública disponible, dificultando por un lado evaluar si el retraso responde a incumplimientos efectivos, desfases en la publicación o problemas administrativos del sistema, y dejando el escrutinio público en compás de espera.
Así, a medida que se cumplen los plazos legales, el foco se traslada desde la instalación del gabinete regional hacia el estándar de probidad con que estas autoridades inician su gestión, más aún en el escenario donde a lo largo del país se han registrado varias bajas durante los primeros días del gobierno, ya sea por renuncias, incumplimiento de requisitos o desistimientos de las nuevas autoridades.
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