El lunes 24 de noviembre del año anterior, pasadas las 09:00 de la mañana comenzó el juicio contra el exalcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy por diversos delitos ligados a corrupción, el que finalizó el 23 de diciembre del 2025 con una sentencia de culpabilidad por los delitos de cohecho continuado y fraude al Fisco.
Tras determinarse su culpabilidad, el 9 de enero. en el Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua -que por aproximadamente un mes albergó las jornadas de audiencias- se realizó la lectura del fallo que sentenció a la exautoridad, a16 años de presidio efectivo, adicional de una millonaria multa de más de 900 millones de pesos y la inhabilitación perpetua de ejercer cargos públicos.
En el desglose, se determinó que por el delito cohecho continuado y consumado una condena de 12 años de presidio mayor en su grado medio. A esta pena se sumó una condena adicional de 4 años de prisión por el delito de lavado de activos, en su grado máximo.
“La defensa de don Juan Ramón Godoy manifiesta su disconformidad con la pena impuesta en la sentencia definitiva, por estimar que resulta desproporcionada respecto de los hechos establecidos y, en consecuencia, manifiestamente injusta”, declara a El Tipógrafo, el abogado defensor de Juan Ramón Godoy, Hugo Zamorano.
Entendiendo esta postura de la defensa del exalcalde que no concuerda con la cantidad de años a las que fue condenado Godoy, en la legislación nacional contempla que se pueda presentar un recurso de nulidad.
En su definición legal se precisa que es, “un medio para impugnación que pretende invalidar el juicio oral o sólo la sentencia definitiva pronunciada en el”.
Considerando los plazos considerados por ley, el recurso de nulidad puede ser presentado por la defensa de Juan Ramón Godoy hasta el próximo 5 de febrero.
“Actualmente nos encontramos analizando y preparando los recursos de nulidad correspondientes, los que serán presentados dentro del plazo establecido en la ley ante la Excelentísima Corte Suprema, con el objeto de que se revise especialmente la proporcionalidad de las penas impuestas”, precisa Zamorano.
Para posteriormente sostener que: “Confiamos en que el máximo tribunal del país examinará el fallo conforme a derecho, permitiendo que las sanciones sean ajustadas a una pena justa y proporcional, en concordancia con los principios que rigen el debido proceso y el derecho penal”.
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