La tarde del pasado martes 4 de noviembre, diversos medios dieron a conocer una denuncia por presunto abuso sexual contra Cosme Mellado, actual diputado en competencia por la reelección en el distrito 16 en la Región de O’Higgins. El caso constituye la segunda denuncia a un parlamentario en ejercicio en la región, tras la querella presentada en 2024 contra la congresista Marcela Riquelme en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar.
La acción, formulada por una exasesora legislativa y patrocinada por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), fue presentada el pasado mes de julio de 2025 ante el ministerio público de Valparaíso. En ella, la denunciante relata episodios ocurridos entre los años 2023 y 2024 en dependencias y traslados vinculados al trabajo parlamentario.
En una declaración pública difundida en sus redes sociales, Cosme Mellado negó las imputaciones y afirmó que los hechos “son totalmente falsos”, expresando su disposición a colaborar con la investigación, señalando además una conexión entre el momento en que se presenta la acción judicial con el actual período eleccionario: “En política, no todo vale. Esa no es la forma de bajar a un candidato” declaró el diputado.
En tanto, la defensa del legislador ha sido categórica en calificar a la difusión de la querella como una maniobra política en plena campaña electoral, lamentando además la instrumentalización del SernamEG en la causa. El abogado Álvaro Pérez, representante del diputado, afirmó que no han sido contactados formalmente por la Fiscalía y que “hasta donde sabemos, no hay evidencia alguna”.
De esta manera, en cuanto a la calidad de la imputación, el defensor aseguró que “el diputado es inocente hasta que se pruebe lo contrario y tenemos la certeza de que no se probará nada”. De esta manera, dentro de lo que resta del período de propaganda electoral será un factor importante para la defensa asegurar cómo la Fiscalía, manteniendo la investigación reservada, garantizará la presunción de inocencia, evitando filtraciones o acciones que comprometan al congresista.
Álvaro Pérez, conocedor del sistema procesal dada su experiencia de 21 años como fiscal del Ministerio Público, explicó que las querellas pueden permanecer en un limbo burocrático, “en una especie de nube desde la cual deben ser bajadas”, y que esto “a veces no ocurre, por error humano o falta de procesos”.
Criticó a la parte querellante por no haber impulsado el trámite: “La única conclusión es que es un querellante negligente o que no le interesa que se investigue y la presentó con algún otro fin. Saque usted sus propias conclusiones”, declaró el litigante.
Hasta ahora, el Ministerio Público no ha informado públicamente sobre el estado procesal de la causa ni sobre medidas cautelares. La Fiscalía de Valparaíso es la entidad competente para confirmar el avance del expediente, por tanto, la duda respecto al momento en que se difundió la denuncia permanecerá en el ambiente.
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