Suman 10 mil funcionarios más que viajaron al extranjero estando con licencia médica: Servicio de Salud O'Higgins en la lista

La Contraloría General de la República (CGR) informó que 10.805 funcionarios públicos con desempeño en servicios regionales viajaron fuera del país mientras estaban con licencia médica o durante parte de ella.

De acuerdo con el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°16, esto implicaría un uso irregular de 15.257 licencias médicas emitidas en 2023 y 2024, de las cuales un 76% corresponde a afiliados de FONASA y un 24% a ISAPRES.

El reporte, comprometido por la contralora general Dorothy Pérez ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, detalla que los titulares de esas licencias registraron 26.606 ingresos o salidas del país.

En particular, 67 funcionarios viajaron entre 16 y 30 veces, mientras que 30 realizaron más de 30 cruces de frontera. La mayor concentración de viajes se dio en los últimos meses de cada año, entre octubre y diciembre.

Los funcionarios involucrados pertenecen a 442 entidades públicas regionales: un 67% a servicios de salud y hospitales, un 15% a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), un 11% a municipalidades y corporaciones municipales, un 4% a establecimientos educacionales y un 3% a otros organismos.

Dentro de los servicios con mayor número de licencias figuran el Servicio de Salud Magallanes (1.258), el SLEP Chinchorro (1.065) y el Servicio de Salud del Reloncaví (780) y también el Servicio de Salud O’Higgins con 390.

Estos casos se suman a los 25.078 funcionarios dados a conocer en mayo pasado.

Tras la publicación del informe, la CGR notificará a las instituciones involucradas para que inicien los procedimientos disciplinarios correspondientes y remitan sus resoluciones en un plazo de cinco días hábiles a través del Sistema de Inspección de Acciones Derivadas (SIAD).

Además, la información será enviada a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), a la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, para que adopten las acciones legales y administrativas pertinentes.