Por Alejandro León
El pasado 16 de septiembre se promulgó la ley que incorpora la Fiscalía Supraterritorial al Ministerio Público, marcando la cuenta regresiva para su implementación en el país.
Se trata de un nuevo servicio público especializado en investigar el crimen organizado y delitos de alta complejidad, con la particularidad del alcance suprarregional y transnacional. Esto significa que, ante delitos ocurridos dentro de la Región de O’Higgins, el organismo podrá perseguirlos en otras regiones sobrepasando la jurisdicción de otras fiscalías regionales, teniendo a su cargo las gestiones y recursos investigativos de alcance nacional o internacional.
El funcionamiento de esta nueva Fiscalía será autónomo, pero en coordinación con las fiscalías regionales y los sistemas de análisis criminal regionales, lo que quiere decir que tendrá su matriz en Santiago, desde donde desplegará sus acciones hacia el resto del país. Respecto al presupuesto estimado para la puesta en marcha del nuevo ente persecutor, éste ronda los $7.000 millones de pesos.
En su creación incidió la necesidad de agilizar aspectos jurídicos y administrativos ante el aumento de la complejidad y cantidad de delitos, y la necesidad de contar con una estructura que pueda dirigir investigaciones que crucen fronteras regionales o internacionales.
En lo práctico, desde la promulgación de la ley el Ministerio Público tiene seis meses para implementar la Fiscalía Supraterritorial y nombrar a su jefatura máxima. Durante el primer año se incorporarán 15 fiscales y 28 funcionarios, existiendo un plazo de hasta tres años para llegar a 35 fiscales y 63 funcionarios, un total de 98 personas. El Fiscal Nacional tiene bajo su responsabilidad del nombramiento del titular de la nueva repartición, cargo que será de su exclusiva confianza.
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