NOTA ESCRITA POR ABELARDO CAROCA
Tras una instrucción de la Corte de Apelaciones de Rancagua, se dio inicio a un nuevo juicio oral contra Juan Enrique Astorga Opazo y Rodrigo Antonio Herrera Bustamante. El Ministerio Público los acusa de ser autores del delito de cohecho, presuntamente cometido en 2019 mediante pagos con fondos de la Corporación Municipal de San Fernando.
Hoy, en una nueva instancia judicial, tanto el Ministerio Público y el querellante Consejo de Defensa del Estado, como la defensa de los imputados, expusieron sus argumentos a favor y en contra. Se espera que este nuevo juicio oral concluya el próximo viernes.
La fiscal Fabiola Echeverría García, declinó emitir comentarios sobre las pruebas que el Ministerio Público presentará para lograr una condena contra los exdirigentes, quienes previamente estuvieron en prisión preventiva por más de 50 días. La acusación se basa en la supuesta recepción de 15 millones de pesos por cada uno, un aspecto sobre el origen del dinero que no fue objeto de debate en la audiencia.
Por su parte, el abogado defensor Christian Guerra se refirió al inicio de este nuevo juicio oral público, señalando: “Esta es la repetición del juicio ante la decisión de la Corte de Apelaciones de anular el anterior. Como defensa, entendemos que no han variado las pruebas de cargo presentadas por la fiscalía y los querellantes, ni tampoco nuestras pruebas de descargo”.
“Creemos firmemente que, si este juicio se desarrolla correctamente y se considera toda la prueba de ambas partes, deberíamos obtener nuevamente una sentencia absolutoria, que es nuestro objetivo y esperamos que así sea”, explicó el defensor.
El delito imputado a los dirigentes es cohecho, por la supuesta recepción de 15 millones de pesos. Consultado sobre si la fiscalía demostró la trazabilidad de estos recursos, el abogado defensor comentó: “Se sostiene que a cada uno se le pagó 15 millones de pesos por no hacer nada. Anteriormente se argumentaba que era por no movilizar a la gente para protestar, pero ahora la imputación se centra en no haber tramitado un proyecto de contrato colectivo”.
“Lamentablemente, para el Ministerio Público parece no ser tan importante acreditar aspectos cruciales como la trazabilidad del dinero. La fiscalía sostiene que, basándose en las declaraciones de los exdirigentes de la Corporación, Luis Berwart Araya (presidente), Leonardo Gajardo y Leónidas Quiroga (secretarios generales al momento de los hechos), además de otros testigos de cargo, podrán acreditar la existencia del cohecho. Sin embargo, se trata de un cohecho que supuestamente buscaba que los dirigentes no hicieran nada”, argumentó el abogado.
Finalmente, el defensor replicó: “Y hoy, en la audiencia, conocimos que el proyecto de contrato colectivo sí fue presentado, no solo al empleador, sino también a la Inspección del Trabajo. Si se les había sobornado para no presentarlo, este hecho contradice esa acusación”.
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