A nueve meses del fallecimiento de la enfermera Rocío Miranda Delgado, funcionarios del Hospital de Rengo volvieron a alzar la voz contra el acoso laboral que según denuncian, persiste sin soluciones claras por parte de la dirección del recinto. La presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios de la Salud (FEDNAD), Carla Díaz, encabezó una manifestación en las afueras del hospital exigiendo medidas concretas frente a dos nuevos casos de maltrato laboral y denunciando la falta de respuesta ante el caso de Rocío.
“Estamos convocados en esta movilización por dos compañeras que han sufrido acoso y maltrato durante dos años. Los directivos solo han puesto paños fríos sin entregarnos soluciones reales”, expresó Díaz.
Según señaló la dirigenta, la dirección del hospital no ha respondido satisfactoriamente a las peticiones formales del gremio, entre ellas la entrega del perfil de cargo y un examen psicolaboral de una de las profesionales denunciadas. “Nos enviaron un documento con fecha futura y perteneciente a otro hospital, lo cual es una falta de respeto no solo al gremio, sino a todos los funcionarios del Hospital de Rengo. Ya nosotros estamos aburridos. Tenemos el caso de Rocío Miranda que pasó el año pasado donde se provocó el suicidio de esta persona”, reclamó.
El caso de Rocío Miranda sigue siendo una herida abierta. La enfermera falleció en julio de 2024 en circunstancias que, según sus cercanos y colegas, estarían vinculadas directamente al acoso que habría sufrido en su lugar de trabajo. Su muerte provocó la apertura de un sumario administrativo por parte del Servicio de Salud O’Higgins, cuyo proceso aún está en curso.
Díaz fue enfática en señalar que, si no se obtienen respuestas claras por parte de la directora del recinto, las movilizaciones continuarán. “Queremos soluciones ahora. No más maltrato, no más encubrimientos. Queremos protocolos que se cumplan y justicia para Rocío y para nuestras compañeras”.
La movilización de este viernes se suma a una serie de acciones que el gremio ha iniciado para denunciar el acoso laboral en distintos centros de salud de la región, advirtiendo que lo ocurrido en Rengo “no es un caso aislado”. Desde la federación anunciaron que seguirán trabajando en conjunto con otras bases regionales para exigir medidas estructurales que protejan la salud mental y laboral de los trabajadores del sistema público.