La víctima de femicidio frustrado , que debió llegar a hablar con la ministra de la Mujer y equidad de género para ser escuchada, recibió por respuesta compromisos del propio Presidente de la República, que lamentablemente, tampoco se cumplieron.
La diputada Natalia Romero aseguró que distintas personas advirtieron que las tarjetas de hasta 1,8 millones que recibieron para comprar materiales no están siendo aceptadas como medio de pago, aparentemente porque el Estado no habría reembolsado los recursos.
Más allá de la espectacularidad de los delitos que llenan páginas y minutos en los medios, la realidad de las víctimas debería ser el centro de cualquier política pública en la materia, sin embargo, no parece ser el caso de la violencia de género.
El tribunal de alzada acoge así un recurso de protección contra empresa que opera desde 2020 y remite los antecedentes al Ministerio Público ante la eventual comisión de delitos.