Por Abelardo Caroca
La gestión del actual alcalde, Pablo Silva Pérez, sigue enfrentando las consecuencias de los despidos realizados durante su primer período alcaldicio (2021-2024) Aún persisten casos donde las indemnizaciones superan los 100 millones de pesos, generando una creciente deuda para el municipio ya ahogado en deudas judiciales.
Las acciones legales emprendidas por el equipo jurídico municipal, lejos de solucionar los problemas, solo han prolongado los juicios lo que, en definitiva, solo han aumentado las deudas municipales.
La estrategia legal adoptada por el municipio ha consistido en apelar sistemáticamente las sentencias condenatorias ante el Tribunal Superior, buscando frenar o disminuir el monto de las indemnizaciones. Sin embargo, esta tesis no ha dado los resultados esperados.
Incluso, se ha recurrido al Tribunal Constitucional (TC) en un intento por revertir las decisiones judiciales. Los resultados siempre han sido los mismos derrotas judiciales y aumento de indemnizaciones y multas por parte del municipio.
El jefe jurídico del municipio presentó un requerimiento ante el TC, argumentando la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de ciertos artículos del Decreto Ley N° 3.500 y de la Ley N° 17.322, con el objetivo de influir en los procesos judiciales en curso en el Primer Juzgado de Letras de San Fernando y la Corte de Apelaciones de Rancagua.
No obstante, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento, declarándolo inadmisible. Esta decisión judicial representa un revés para la estrategia legal del municipio y agrava la situación financiera, al no lograr frenar el pago de las abultadas indemnizaciones multas y reajustes.
Se resuelve:
Santiago, dieciocho de marzo de dos mil veinticinco, “Que se declara derechamente inadmisible el requerimiento deducido a fojas 1; a los otrosíes, estese a lo resuelto”, así de categórica fue la resolución del Tribunal Constitucional, al resolver el requerimiento presentado por el equipo jurídico de la Municipalidad de San Fernando.
En definitiva, el municipio gana tiempo simbólico pero las deudas se inflan significativamente producto de los intereses y reajustes que las deudas generan día a día.
A pesar de dirigirse directamente a la oficina jurídica del municipio para solicitar una versión de la resolución del Tribunal Constitucional, no se obtuvo respuesta. Asimismo, los intentos de comunicación a través del periodista del departamento de Comunicación resultaron infructuosos.
Pago y Negociación
Sobre la estrategia procesal del equipo jurídico municipal de recurrir al Tribunal Constitucional, abogados locales cuestionan la estrategia, argumentando que es una «leguleyada». Sostienen que la única estrategia válida cuando hay demandas laborales es «pagar y negociar», y que ese es el deber de los abogados: conversar y llegar a un acuerdo.
Explican que solo se debe contactar a las contrapartes, ofrecer buenas condiciones y esperar a que el Concejo Municipal apruebe dichas condiciones. La clave es negociar, ya que las causas están perdidas, sentenciadas y ejecutoriadas; no hay nada más que hacer.
Los intereses de las deudas judiciales alcanzan el máximo convencional, al que se debe sumar el IPC. Por lo tanto, el incremento es superior al que ofrecen los bancos locales.
«Meter los pies» es muy grave
Sobre este tema, solicitamos la opinión de tres de los seis concejales de la comuna. Solo Matías Álvarez estuvo disponible, señalando que «han sido muy irresponsables en el manejo de los recursos. Suele ocurrir que en el discurso del alcalde Silva, dice que San Fernando tiene un pecado original debido a la administración de Luis Berwart».
«Yo le dije en el concejo que la administración anterior a esta es la misma. Hoy día ya no sirven las excusas. Tuvo cuatro años para enmendar la situación de San Fernando, y hoy estamos en un problema que no ha sido solucionado. Al contrario, estamos siendo enjuiciados por distintas empresas debido a un manejo irresponsable de las finanzas y la administración municipal», explicó el concejal.
Finalmente, el concejal señaló: «El alcalde, en la ceremonia de instalación del nuevo concejo, dijo en su discurso que se podrían meter los pies, pero nunca las manos. Y es verdad, yo como concejal no he evidenciado ningún detalle de que se hayan robado el dinero, pero meter los pies es igual de grave cuando hablamos de responsabilidad administrativa. Puede que el dinero no se esté robando, pero meter los pies sigue siendo muy grave».
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