Tras los bochornosos “errores de cálculo” de la Dirección de Presupuesto que significaron significativos recortes en el presupuesto de los gobiernos regionales y los municipios, lo que también incluyó a la Región de O’Higgins, ahora se han conocido nuevas fallas, esta vez en cuanto a la recaudación de tributos y la “repatriación” de recursos en el extranjero, lo que trajo aparejados nuevos recortes.
Hace algunos días se anunció la reducción del presupuesto del Ministerio Público en más de $7 mil millones, lo que representa una reducción significativa en los recursos destinados a uno de los problemas más sensibles de nuestra sociedad como es la seguridad.
En la Región de O’Higgins la situación es mucho más compleja, pues en la sesión de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados desarrollada en Rancagua hace sólo un par de meses, uno de los consensos adoptados fue la necesidad imperiosa de apoyar la labor de la Fiscalía en la Región que presenta cifras preocupantes de carga laboral por falta de fiscales y personal de apoyo, lo que redunda en una gestión deficitaria para las necesidades de la comunidad.
Mientras la asociación de fiscales negocia con DIPRES y no descarta movilizaciones, parlamentarios de la región también se pronunciaron por el tema.
“Si bien en el Congreso aprobamos un reajuste cercano a los US$ 540 millones debido a las negativas proyecciones económicas para este año, establecimos distintas líneas rojas que el Gobierno no podía traspasar, entre ellas que los recursos destinados a las policías y al combate de la actual crisis de seguridad no se modificarían. Por eso es que esta reducción al Ministerio Público atenta contra el espíritu del acuerdo, pero más que eso afectará gravemente a las regiones como O’Higgins, donde la presencia policial y la dotación de la Fiscalía no se condice con el aumento constante de los delitos. Lamentablemente, todo ello lo terminan padeciendo los chilenos” señaló a El Tipógrafo la diputada Natalia Romero en evidente contraposición a lo señalado por el subsecretario del Interior Luis Cordero. La autoridad de Gobierno defendió el ajuste presupuestario y aclaró que el Congreso, no el Ministerio de Hacienda, fue quien impuso este recorte, “no es correcto afirmar que existiera un margen de discreción del Ministerio de Hacienda para aplicar estos recortes. El Congreso definió claramente sus prioridades en materia de seguridad y decidió excluir a las policías de este ajuste” aclaró.
Para el senador UDI Javier Macaya “lo que está ocurriendo con los recortes en los presupuestos es una grave muestra de descoordinación y falta de rigor técnico, sin duda que hemos quedado sorprendidos con estas medidas y desde ya solicitamos a la mesa del Senado citar al Ejecutivo a una sesión especial para que nos explique cada una de las decisiones tomadas”.
Por su parte, la diputada independiente Marcela Riquelme, con una aproximación diferente al tema sostuvo que “me parece gravísimo, pero no sorpresivo, la derecha se acostumbra a pedir y pedir más acciones de parte del estado, más inversión en policías, en tecnología, más dotación, en fin, pero sin embargo cuando es el momento de aumentar la recaudación, con el impuesto a los más ricos, con la reforma tributaria, con mayores sanciones a la evasión y elusión tributaria, siempre se oponen. ¿Cómo el estado va a invertir más sin recursos? Esto demuestra, además, una ignorancia respecto a las necesidades de las regiones, la nuestra es la segunda con menor número de fiscales por causa a nivel país, teniendo algunos de los mayores decomisos de drogas a nivel país, hace poco descubrieron un laboratorio de metanfetamina, de película, como en breaking bad, el segundo robo más grande del siglo, en fin, las necesidades las conocemos todos, pero no hay inversión en la fiscalía regional ni del gobierno central ni del gobierno regional. Esperamos que esta medida de reducción de presupuesto no impacte de modo tan frontal a nuestra región, y veremos desde la cámara cómo apoyar aquello”.
En tanto, el senador Juan Luis Castro apuntó que “tanto en el caso del Ministerio Público como de otras reparticiones, es extremadamente grave porque los compromisos adquiridos por el Ministerio de Hacienda en la discusión presupuestaria, en la Comisión Mixta de Presupuestos, en la cual participé, establecen taxativamente que áreas tales como la salud, las policías, los problemas en general de seguridad, las viviendas, las concesiones, los sistemas escolares no podían ser tocados. Por lo tanto, aquí hay una transgresión y eso debe ser revertido. No bastan aquí explicaciones, sino que soluciones”.
El diputado Raúl Soto por su parte sostuvo que “es importante destacar que la reducción presupuestaria fue una solicitud de la oposición en la comisión mixta de presupuesto, en la que se pidió una disminución de 540 millones de dólares. Evidentemente ese recorte debe salir de distintos sectores, pero es esperable que no sea del Ministerio Público, un organismo crucial para la persecución del crimen organizado. Sin duda que esto puede repercutir de manera negativa en materia de seguridad. Por ello es fundamental que el gobierno reconsidere esta distribución y le devuelva los recursos disminuidos a la Fiscalía”.
“La reducción del presupuesto del Ministerio Público y su impacto en regiones como O’Higgins, que cuenta con menos fiscales y más causas, es preocupante. La falta de recursos puede afectar la capacidad de investigar y procesar adecuadamente los delitos, lo que repercute en la seguridad y el acceso a la justicia. Acá es importante priorizar y gestionar de manera más eficiente los recursos disponibles para garantizar el correcto funcionamiento de las instituciones” puntualizó por su parte la diputada de RN Carla Morales.
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