Tras la aprobación del Gobierno Regional de más de dos mil millones de pesos para el financiamiento del Sistema de Televigilancia en la ciudad de San Fernando, en enero de este año se firmó el convenio mandato entre el Gobierno Regional de la Región de O’Higgins y la Municipalidad de San Fernando para el proyecto “Mejoramiento del Sistema de Televigilancia”, por un total de $2.044.420.000 pesos.
Todo iba bien hasta que el gobernador Pablo Silva Amaya presentó el pasado 14 de agosto, una denuncia ante la Contraloría Regional, en que señala textualmente: “Informo a usted de irregularidades observadas en el proceso licitatorio desarrollado por la Municipalidad de San Fernando”.
Ayer, en tanto, los consejeros regionales Lennin Arroyo y Mauricio Valderrama junto al abogado Luis Felipe León se presentaron ante la Fiscalía Regional en Rancagua, para solicitar al fiscal regional, Aquiles Cubillos, que se indague en forma inmediata la situación que está ocurriendo en la comuna de San Fernando con este proceso licitatorio de un mejoramiento del sistema de televigilancia.
Lennin Arroyo explicó que dicho proyecto “tiene un costo de más de dos mil millones de pesos y donde el gobernador, según lo que él mismo denuncia, hay situaciones de irregularidades graves en esta licitación con faltas a la transparencia y la probidad”.
Los consejeros regionales indicaron que “el gobernador regional, Pablo Silva Amaya, ha hecho una presentación a la Contraloría por posibles irregularidades graves que habrían ocurrido en un proceso licitatorio del mejoramiento del sistema de televigilancia de la comuna de San Fernando. Por eso solicitamos que el gobernador Silva venga a entregar todos esos antecedentes a la Fiscalía porque creemos claramente que aquí hay atisbos de corrupción”.
Agregaron los CORE que “el alcalde Pablo Silva Pérez se defiende diciendo que todo lo que él hizo en esta licitación estuvo bajo la tutela del gobierno regional. O alguien quiere cambiar el proceso licitatorio con algún beneficio o efectivamente hubo situaciones irregulares que pueden llevar a un tema de cohecho, malversación de fondos públicos, tráfico de influencias. Pero eso queremos que los entreguen en la Fiscalía”.
Mauricio Valderrama agregó que “si no se nos ha dicho a nosotros como Consejo Regional qué es lo que está pasando, bueno, que sea la unidad de fiscalización especializada de la policía a quien se le tengan que entregar estos antecedentes. Nosotros no podemos permitir bajo ningún punto de vista que se despilfarren los recursos que estamos entregando a la ciudadanía”.
Nuestra preocupación se establece cuando el señor Gobernador nos señala en una sesión plenaria del CORE que existen atisbos de corrupción en esta licitación. Por lo tanto, nosotros como no teníamos ningún antecedente, hemos buscado la manera de investigar y de llegar hasta las últimas consecuencias.
Gobernador se pronuncia
Ayer, el gobernador Silva Amaya, explicó a la prensa que “ésta es una licitación con recursos del Gobierno Regional. Se aprobó y se le comunicó al municipio de San Fernando que levantaran la licitación y nos informaron posteriormente que ya lo habían adjudicado. Entonces, les dijimos que la aprobación final la hacemos nosotros y encontramos varias observaciones. Ahí le indicamos al alcalde de San Fernando y su equipo que debían hacer la licitación nuevamente. En un principio se nos dijo que sí, pero luego desde el municipio insistieron en la adjudicación que habían hecho, por lo cual les señalamos que no podíamos adjudicar a esa empresa. De forma paralela, entregamos los antecedentes en agosto pasado a Contraloría para que se investigaran las posibles irregularidades administrativas que nosotros detectamos. En concreto, esa licitación no ha sido adjudicada desde el Gobierno Regional. Dentro de las irregularidades, hay puntaje asignado de algunos ítems que ellos incorporaron desde un “portal inteligente”, pero que no eran parte de las bases de licitación y conspiraban contra la igualdad de condiciones para postular por parte de los oferentes”, concluyó.
Desde el municipio se conoce solo lo expuesto por el alcalde Pablo Silva Pérez a Contraloría tras la denuncia del gobernador. La respuesta del alcalde fue recibida el pasado 4 de septiembre en la Contraloría Regional, donde, en 11 puntos, explicó el proceso respectivo. En el punto 2 de su respuesta señaló: “Esta Municipalidad, en su calidad de Unidad Técnica, llevó adelante el proceso de licitación pública conforme a la normativa vigente, con miras a contratar la ejecución del citado proyecto”.
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