En una larga investigación de auditoría al municipio de Lolol en el período al frente del mismo del ex alcalde Marco Antonio Marín, la Contraloría General de la República, emitió un informe final donde da cuenta que el ex edil “con su omisión, al no velar por el cabal, íntegro y oportuno pago de las cotizaciones previsionales del personal del Departamento de Administración de Educación Municipal de Lolol, no cumplió con los deberes y obligaciones que la normativa legal le impone en el ejercicio de su cargo”.
En mayor detalle, parte del informe indica que las faltas fueron más allá de las cotizaciones previsionales obligatorias, llegando incluso a afectar “descuentos voluntarios de los funcionarios o trabajadores del Departamento de Administración de Educación Municipal de Lolol”, todo ocurrido en un lapso de tiempo entre 2014 y 2018”.
El informe del órgano contralor es contundente al afirmar que “no cumplió con los deberes y obligaciones que la normativa legal le impone en el ejercicio de su cargo, en lo relativo al resguardo y a la correcta inversión de los fondos públicos municipales, por cuanto dejó transcurrir el vencimiento de los plazos para cumplir con las obligaciones previsionales de que se trata, provocando con ello un retardo en su cumplimiento y los consecuentes recargos moratorios”, que ascendieron entre los años mencionados a $213.533.970.
Con todo lo anterior, la Contraloría concluye que “al contravenir con su actuación los deberes de eficiencia, eficacia y legalidad que rigen el desempeño de los cargos públicos, generando con ello un grave entorpecimiento del servicio. (…) incurrió en una falta grave a la probidad administrativa, toda vez que con su actuar no dio preeminencia al interés general por sobre el particular, interés general que exige el empleo de medios idóneos de diagnóstico, decisión y control, para concretar, dentro del orden jurídico, una gestión en plena concordancia con los principios de legalidad, eficiencia y eficacia”. El cargo formulado se funda en los antecedentes que constan en el expediente sumarial.
Descargos de Marín
Durante la investigación de la Contraloría, el ex alcalde Marín alegó que “se le habría determinado en el presente procedimiento sumarial una responsabilidad objetiva, sin establecer una imputación subjetiva de los hechos”, con todo, indicó, las acusaciones estaban prescritas por el período transcurrido y por “la extinción de responsabilidad administrativa por cese de funciones luego de más de seis meses” y que dicha responsabilidad “solo puede ser perseguida ante los tribunales electorales para efectos de inhabilitar a un alcalde o concejal y no ante la Contraloría”.
Tras evaluar todas las imputaciones y descargos, la Contraloría con fecha 24 de abril de este año emitió su informe final, acreditando las faltas a la probidad y responsabilidad administrativa. Remitió todos esto al Ministerio Público y al Tribunal Electoral.
La actuación del Tribunal Electoral
Dos concejales del municipio de Lolol presentaron en el año 2021 ante el Tribunal Electoral un requerimiento por “notable abandono de deberes” del alcalde Marco Antonio Marín, solicitando “la aplicación de la sanción de inhabilitación para ejercer cargos públicos por cinco años a la autoridad individualizada”.
El 16 de mayo pasado, el Tribunal Electoral, pidió, para mejor resolver, antecedentes de las actas trimestrales del Concejo Municipal (de acuerdo a las fechas respectivas), para verificar si el ahora ex alcalde dio cuenta del estado de situación de los pagos previsionales en Educación. Asimismo, solicitó los antecedentes a las Superintendencias de Pensiones y Salud respecto del pago de cotizaciones en las fechas establecidas y pidió el informe final de Contraloría. En los próximos días debiera evacuar su dictamen.
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