Chile enfrenta una importante crisis de seguridad. El aumento de los Delitos de Mayor Connotación Social (DMCS), como homicidios, robos con violencia, el uso de armas de fuego y los hechos ocurridos en la Macro Zona Sur, han acrecentado la sensación de inseguridad.
Por lo mismo, los anuncios hechos recientemente por el Presidente Gabriel Boric en esta materia recibieron amplia atención. Analizando las propuestas presentadas, no es posible observar una estrategia que permita abordar integralmente el control de la creciente delincuencia.
Los DMCS aumentaron casi un 50% en estos primeros cinco meses del año respecto de igual período del 2021. Se evidencia así una incapacidad de abordar adecuadamente el control de la delincuencia Además, dado que, en gran parte de estos delitos, se desconoce la identidad de quienes los cometen, se requiere reforzar a quienes son los responsables de la investigación de estos.
Por lo tanto, las “fichas” debiesen estar puestas en fortalecer a los organismos públicos encargados de la investigación de estos delitos, para lograr encontrar a los responsables y llevarlos a los Tribunales de Justicia, y que tengan las sanciones que correspondan. Los recursos entonces debiesen estar puestos en fortalecer, a lo menos, al Ministerio Público y a la Policía de Investigaciones (PDI).
En ese sentido, los anuncios del Presidente dan cuenta de “fortalecer” el presupuesto de la PDI con $1.800 millones para pericias. En un presupuesto total de la institución de $406 mil millones, este “fortalecimiento” es apenas un incremento del 0,4%. En otras palabras, equivale a entregar poco más de $1.000 adicionales para investigar cada uno de los delitos que anualmente ocurren en Chile.
Asimismo, se anuncia la inversión de $1.000 millones para la adquisición de drones, imaginamos que no para medidas preventivas, las que como hemos visto, han fallado. Entonces, esperamos que estos $1.000 millones sean utilizados en materias de investigación criminal. ¿Cuántos drones alcanzamos a comprar con estos recursos?: Por los costos de drones con las características que se requieren, podrían adquirirse no más de cuatro. Totalmente insuficiente, nuevamente.
Como mencionó el Presidente, es absolutamente necesario generar una política nacional de combate contra el crimen organizado. La constante presencia de narcotráfico, el tráfico de personas, el robo de madera y el lavado de dinero en nuestro país dan cuenta de la urgencia de esa política. Para ello, dijo, se aprobará este año una Política Nacional Contra el Crimen Organizado, destinando $3.000 millones del presupuesto 2022 para su prevención, control y persecución. Nos parece, nuevamente, una cifra absolutamente insuficiente. Los ciudadanos necesitamos soluciones que estén al nivel de la crisis de Seguridad que vive Chile y los anuncios del Presidente en esta materia, no alcanzan.
Por Juan Enrique Suárez, Gerente General de Fiscalía Privada.
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