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Médico condenado por abusos sexuales en O’Higgins sería uno de los 56 beneficiados con rebaja de pena


De acuerdo con los antecedentes detallados por Teletrece, el profesional fue condenado en octubre de 2022 por hechos cometidos en el ejercicio de su profesión

SÁBADO, 24 DE OCTUBRE DE 2026
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Publicado por

Editorial



Un médico condenado por cuatro delitos de abuso sexual contra pacientes en la Región de O’Higgins es uno de los 56 reclusos que recibieron una rebaja de condena mediante decretos firmados por el Ministerio de Justicia, según reveló Reportajes Teletrece.

De acuerdo con los antecedentes detallados por Teletrece, el profesional fue condenado en octubre de 2022 por hechos cometidos en el ejercicio de su profesión. En su contra se presentaron cerca de 20 denuncias de mujeres, según informó el citado medio.

El reportaje consignó que el médico ya se encontraría en libertad y dedicado a una actividad distinta de su disciplina. La publicación no identificó al condenado ni entregó detalles de las atenciones en las que ocurrieron los delitos, con el objetivo de resguardar la identidad de las víctimas y evitar su revictimización.

Rebaja de condenas desata controversia

El caso del profesional de O’Higgins forma parte de una serie de beneficios otorgados a personas condenadas por distintos delitos, entre ellas sentenciados por delitos sexuales en la Región de Valparaíso. La entrega de estas rebajas fue revelada inicialmente por el medio Interferencia y posteriormente abordada por Reportajes Teletrece.

La decisión generó cuestionamientos políticos al interior del Gobierno del presidente José Antonio Kast, con el ministro de Justicia, Fernando Rabat, en el centro de las críticas por la firma de los decretos que concedieron los beneficios.

En medio de la controversia, el Gobierno anunció la suspensión de la tramitación de nuevos decretos de rebaja de condena, mientras continúan las exigencias de explicaciones y de revisión de las decisiones adoptadas.

Por su parte, sectores de la oposición evalúan presentar una acusación constitucional contra Rabat, argumentando su responsabilidad política en la firma de los documentos.

La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, señaló que los decretos fueron dictados por el ministro en ejercicio de sus facultades legales. Asimismo, explicó que los tribunales pueden revisar estas decisiones cuando se presenta un recurso de amparo.


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