El Centro de Formación Técnica (CFT) Estatal de la Región de O’Higgins enfrenta las tensiones financieras de la política de gratuidad regulada por la Ley 21.091, en un escenario cruzado por la brecha estructural entre los aranceles de referencia fijados por el Fisco y los costos reales de la formación técnica práctica en el territorio.
Sin embargo, ante el reporte de la Superintendencia de Educación Superior (SES) que le asignó pérdidas por $472 millones en 2025, su rector, Adrián Pereira Santana, aclaró que la cifra responde a un desfase contable administrativo.
Según la autoridad, la reliquidación final de la gratuidad —que en el caso de O’Higgins alcanzó los $538 millones— no se transfirió en diciembre como era habitual, sino en enero de 2026. De hecho, si los recursos hubiesen ingresado en el ejercicio contable correspondiente, la institución habría registrado un superávit.
“Nos llama la atención el foco que se pone sobre la oferta pública en educación técnica de nivel superior. Hay una serie de otros datos en el propio informe de la Superintendencia que nos parecen tanto más llamativos y nos llama la atención que se focalicen tan fuertemente en esta línea”, refirió Santana.
A esta situación contable se suman los mayores costos de instalación de un plantel que lleva solo 5 años de operación, junto al compromiso estatal pendiente de $6.000 millones en fondos de capital previstos por ley para la infraestructura de los CFT de segunda etapa: “hay que entender que muchas veces, y esto lo entienden tanto públicos como privados, los costos de inversión inicial, los costos de instalación, de completar una oferta formativa, tienden a ser mayores, lo que podría entenderse en una lógica también de mayor, entre comillas, endeudamiento de resultados financieros no tan positivos”.
Respecto al rol de los CFT Estatales, el rector explicó que “el mandato público de un CFT estatal es cumplir una lógica subsidiaria: llegar a zonas de rezago como Pichilemu o San Vicente, donde la oferta técnica no es negocio para los privados”, enfatizó Pereira.
“En San Vicente, la institución concentra a 900 alumnos, donde cerca del 70% son adultos que estudian y trabajan”, detalló.
Tras aplicar medidas de control del gasto y optimización operacional para neutralizar desviaciones de la gestión anterior, la rectoría del CFT O’Higgins —que alcanza una matrícula de 1.800 estudiantes y proyecta llegar a 2.000el próximo año— confirmó que proyecta cerrar el presente ejercicio con sus estados financieros en azul y en posición de equilibrio económico.
