La desaceleración de importantes proyectos de vivienda e infraestructura se ha convertido en uno de los principales factores que impiden una mayor recuperación del mercado laboral regional. Así lo plantea el informe “El Costo de No Ejecutar: Empleo e Inversión en O’Higgins”, elaborado por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) O’Higgins, que cuantifica el impacto económico y laboral de una cartera de iniciativas actualmente entrampadas por procesos administrativos y regulatorios.
El estudio surge en un contexto complejo para la región. Según datos considerados en el informe, O’Higgins registra una tasa de desocupación de 10,5%, equivalente a 51.035 personas sin trabajo, además de una informalidad laboral de 29,6%. En este escenario, el sector construcción sigue desempeñando un rol clave, concentrando más de 32 mil empleos.
La entidad gremial sostiene que acelerar permisos, revisiones de subsidios habitacionales y procesos ambientales permitiría absorber directamente hasta 2.456 trabajadores, contribuyendo a reducir la presión sobre el mercado laboral regional.
El levantamiento realizado por la CChC entre empresas socias identificó nueve proyectos habitacionales congelados o retrasados por distintos problemas de permisología. En conjunto, representan una inversión de 1.644.627 UF y contemplan la construcción de 915 viviendas.
El impacto laboral asociado tampoco es menor. La activación de estas iniciativas requeriría la contratación de 1.066 trabajadores directos, mientras que los retrasos ya habrían provocado la pérdida de 510 puestos laborales.
Según el informe, las demoras en permisos y subsidios han obligado a las empresas a adoptar medidas de ajuste. La totalidad de los proyectos consultados aplicó reducción de personal; además, ocho de los nueve postergaron inversiones y compras de materiales, seis paralizaron equipos de trabajo y tres debieron reasignar trabajadores.
Los principales «cuellos de botella»
La investigación identifica una serie de obstáculos administrativos que explican la paralización de los proyectos.
El principal problema corresponde a la revisión y observaciones efectuadas por SERVIU, situación que afecta a cuatro iniciativas. Le siguen los procesos de homologación de subsidios, la obtención de factibilidades sanitarias y de agua potable, la firma de convenios y los procesos de subdivisión o regularización de terrenos.
Desde la perspectiva del gremio, estos procedimientos terminan retrasando inversiones ya comprometidas y frenando la generación de empleo en una región que enfrenta una de las tasas de desempleo más altas del país.
El informe sostiene que la agilización de estos procesos no sólo permitiría iniciar obras de manera más rápida, sino también mejorar el impacto económico y social de programas habitacionales que ya cuentan con financiamiento o mecanismos de apoyo estatal.
Infraestructura vial
El informe también pone el foco en proyectos de infraestructura pública de gran escala que podrían transformarse en una importante fuente de empleo para la región.
Entre ellos destaca el proyecto de Terceras Pistas Acceso Sur Bypass Rancagua-Paso Superior Los Lingues, una inversión estimada en US$398,54 millones. La iniciativa contempla una generación potencial de hasta 500 trabajadores directos más alrededor de 30 operarios asociados.
A ello se suma la concesión de la Ruta 66 (Carretera de la Fruta). Mientras los tramos B3, B4 y B5 ya se encuentran en ejecución e involucran a 835 trabajadores, las variantes A1 y A2 permanecen a la espera de una Resolución de Calificación Ambiental (RCA). De concretarse, podrían generar una ocupación máxima estimada en 860 trabajadores directos.
Las conclusiones del estudio apuntan a que la materialización de la cartera de vivienda e infraestructura constituye una de las herramientas más efectivas para enfrentar el desempleo regional en el corto plazo.
Según las estimaciones del gremio, el destrabe de las iniciativas permitiría absorber 2.456 puestos de trabajo, reduciendo la tasa de desocupación desde 10,5% a 9,9%, una caída de 0,51 puntos porcentuales.
La CChC O’Higgins plantea que avanzar en la agilización de permisos, revisiones administrativas y procesos regulatorios resulta clave para acelerar inversiones que ya están identificadas y que podrían transformarse en un impulso relevante para la reactivación económica regional, especialmente en un escenario donde más de 51 mil personas buscan empleo.
