La Sesión Ordinaria 790 del Consejo Regional (CORE) de O’Higgins se convirtió en el escenario de una encendida batalla política. El detonante fue la presentación de un proyecto sin precedentes a nivel nacional: la adquisición y reposición de unidades aéreas para Bomberos por un monto de $8.189.548.400 pesos.
Aunque la iniciativa presentada por el presidente de la Comisión Social y Seguridad Pública, José Ignacio González, buscaba marcar un hito, terminó fracturando el pleno entre quienes defienden la urgencia de la seguridad y quienes acusan un gasto desproporcionado frente a necesidades sociales desatendidas.
Ficha Técnica del Proyecto
Monto de inversión: $8.189.548.400 pesos
Beneficiarios directos: 7 cuerpos de bomberos (Red Regional)
Estructura financiera: Flujo financiero a 3 años plazo (Circular N°16 de Hacienda)
Horizonte de entrega: Primer semestre de 2028 (Licitación internacional)
El Choque Político: Dos visiones para los fondos públicos
Pese a haber sido despachado por unanimidad en comisiones el día anterior, el desembarco de la iniciativa en el pleno desató una dura confrontación sobre la administración de las arcas regionales.
1. La ofensiva de la defensa: Inversión vital y críticas a la ineficiencia estatal Los defensores del proyecto cerraron filas en torno a la institución:
Sebastián Rocha apeló al sentido de urgencia recordando la precariedad extrema: en emergencias pasadas en Santa Cruz, los voluntarios debieron combatir incendios subidos en grúas horquillas (yales) prestadas por privados. Justificó el gasto indicando que representa un costo marginal de $8.295 pesos por habitante.
Margarita Henríquez y Germán Arenas subrayaron que el plan data de 2019 y abarca desde Pichilemu hasta Rancagua, elogiando la capacidad técnica de Bomberos para formular proyectos, a diferencia de iniciativas estatales estancadas por años.
El Gobernador Regional, Pablo Silva Maya, arremetió contra el clientelismo del pasado donde alcaldes y parlamentarios negociaban carros por separado. Silva elevó el tono contra otras reparticiones públicas: reveló que en 2023 se ofrecieron $20 mil millones a la Dirección de Obras Hidráulicas que terminaron en cero ejecuciones por la propia ineficiencia técnica de dichos servicios.
2. La rebelión de los detractores: APR, el «tarrito» y acusaciones de presión Las objeciones al volumen de la inversión no tardaron en crispar el ambiente:
Edgardo Vargas (abstención) protagonizó uno de los momentos más tensos al contrastar la aprobación «exprés» de estos $8 mil millones con la dramática falta de recursos para el Agua Potable Rural (APR) o la limpieza de esteros. Cuestionó cómo dar la cara a los vecinos sin agua mientras se autoriza un desembolso masivo de golpe.
Rosa Zaconi (abstención) apuntó al contraste institucional: criticó que se aprueben compras multimillonarias gestionadas por las cúpulas mientras el bombero de base sigue pidiendo dinero con el «tarrito» en las esquinas y carece de indumentaria básica.
Lucía Muñoz cuestionó la utilidad de carros para incendios en altura en una región con escasa edificación vertical, sugiriendo destinar el dinero al patrimonio maltrecho.
Pedro Bustamante denunció una jugada de presión política frente al CORE por la exhibición de un carro de demostración en la plaza municipal previo a la sesión, anunciando que llevará el hecho a la Contraloría.
La controversia por San Fernando
El conflicto sumó un capítulo particular con el consejero Alejandro Díaz, quien condicionó su respaldo alegando una posible duplicidad de equipamiento en San Fernando. Díaz exigió cambiar la escala telescópica asignada por un brazo articulado que permita trabajos bajo nivel del suelo.
El Gobernador frenó en seco la indicación advirtiendo que recalcular el proyecto retrasaría la aprobación por meses. En tanto, el presidente regional de Bomberos, Juan Luis Fabia, exhibió un oficio del 27 de febrero de 2025 firmado por el propio Superintendente de San Fernando para demostrar que el plan responde a una estrategia unificada y no a un diseño centralizado.
Aprobación bajo sombra de división
Tras el agitado debate y las profundas divergencias sobre la prioridad del gasto público en O’Higgins, la iniciativa logró ser aprobada por mayoría. Aunque el financiamiento está asegurado para transformar la capacidad operativa hacia 2028, el choque político dejó al descubierto las fricciones internas sobre cómo deben distribuirse los recursos de la región.
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