En una breve pero decisiva audiencia celebrada el pasado 30 de julio de 2026, el Juzgado de Garantía de San Fernando dictó el sobreseimiento total y definitivo de la causa seguida en contra de Juan Carlos Alegría Cifuentes, formalizado en el marco del denominado caso «Laberinto de San Fernando».
La instancia judicial, desarrollada en la Sala 1 del tribunal sanfernandino, destacó por su celeridad: inició a las 09:18 horas y concluyó a las 09:21 horas. El magistrado Erick Fabián Ríos Leiva presidió la sesión, en la cual se verificó el cumplimiento de las condiciones fijadas en el proceso.
El punto central de la audiencia fue la ratificación del cumplimiento del acuerdo reparatorio alcanzado previamente entre las partes y homologado por la justicia. Durante el trámite, el querellante, Gustavo Alejandro Arriaza Carrasco, confirmó personalmente ante el tribunal que las exigencias del pacto habían sido satisfechas en su totalidad y que los pagos convenidos se encontraban íntegramente cancelados.
Ante la acreditación del resarcimiento, la defensa privada encabezada por el abogado Luis Cornejo González solicitó el cierre formal del procedimiento. El juez Ríos Leiva acogió el requerimiento y decretó el sobreseimiento definitivo amparado en el artículo 250, letra d), del Código Procesal Penal, normativa que consagra la extinción de la responsabilidad penal tras el cumplimiento de este tipo de salidas alternativas. La audiencia contó además con la presencia de la fiscal Karol Aguilar Trujillo.
Los alcances del resarcimiento
El caso se remonta al 15 de agosto de 2024, cuando una estructura metálica colapsó al interior de un recinto de juegos inflables, provocando lesiones de gravedad a un niño de dos años. Pese a contar con seguros comprometidos, la administración del recinto buscó una salida alternativa para responder de manera directa a los afectados.
Aunque la familia presentó acciones legales en tribunales, las partes finalmente consensuaron una salida reparatoria para evitar una prolongada tramitación judicial y asegurar el bienestar del menor.
Entre los términos del acuerdo ratificado ante la justicia, se incluyó la entrega de un vehículo, una suma en dinero efectivo y la transferencia de un inmueble ubicado en la Región Metropolitana, el cual genera un arriendo mensual proyectado en 600 mil pesos. Al respecto, el propietario del recinto, Juan Carlos Alegría, destacó que dicho inmueble tiene como objetivo principal «garantizar una pensión permanente para la vida del niño».
«Siempre estuvimos disponibles para apoyar al menor y a su familia; este acuerdo reparatorio es el reflejo de ello. Solo espero que se recupere completamente», concluyó Alegría tras la resolución que puso fin definitivo al proceso penal.
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