Junaeb ha estado en el centro de la discusión durante los últimos días por dos situaciones distintas, pero que coinciden en un punto: el Programa de Alimentación Escolar (PAE). Por un lado, están los ajustes en la cantidad de raciones entregadas en algunos establecimientos y, por otro, la investigación del denominado caso SOSER, que tiene a la Región de O’Higgins como uno de sus principales escenarios.
La situación generó preocupación luego de que se conocieran disminuciones en el número de raciones asignadas en distintos establecimientos, abriendo dudas sobre si se trataba de un recorte al programa o de ajustes en su distribución. Sin embargo, estos cambios estarían vinculados principalmente a variaciones en la matrícula, la asistencia y el consumo efectivo de los estudiantes. Cuando un establecimiento mantiene de forma sostenida una menor demanda, la cantidad de raciones puede ajustarse para evitar la preparación de alimentos que finalmente no serán consumidos.
No se trata, sin embargo, de una cifra definitiva. Si posteriormente aumenta la matrícula, mejora la asistencia o el establecimiento vuelve a requerir una mayor cantidad de alimentación, las raciones pueden ser incrementadas nuevamente. Actualmente, el PAE continúa funcionando en cerca de 500 establecimientos de O’Higgins.
Mientras ese proceso forma parte del funcionamiento habitual del programa, otra arista ha concentrado buena parte de la atención pública: el caso SOSER, investigación vinculada a contratos de alimentación escolar ejecutados entre 2021 y 2023.
Entre los antecedentes que forman parte de la causa aparece la proyección de 3.348.082 raciones de once para educación básica, cuya entrega efectiva está siendo revisada, además de pagos por aproximadamente $14.363 millones relacionados con estas prestaciones.
El director nacional de Junaeb, Fernando Peña, explicó que fue la propia institución la que llevó antecedentes a Fiscalía luego de detectar situaciones que consideró irregulares. “Nosotros hicimos una denuncia apuntando específicamente una situación en la Región de O’Higgins con la empresa SOSER”, señaló.
La causa continúa bajo reserva y en los últimos días sumó nuevas diligencias y allanamientos, mientras el Ministerio Público busca determinar eventuales responsabilidades. Peña aseguró que Junaeb continuará entregando los antecedentes que sean requeridos: “Somos los más interesados en que esto se aclare, en que la investigación avance y que no decaiga”.
La coincidencia temporal entre ambos temas también generó dudas sobre una eventual relación entre ellos. Frente a eso, el director nacional fue categórico y descartó cualquier vínculo entre la investigación y el ajuste de raciones. “No tiene ningún vínculo. Es parte de un ajuste habitual que hace el programa (…) para evitar desperdicios”, afirmó.
Así, mientras el ajuste de raciones responde a la demanda real de los establecimientos, el caso SOSER avanza por una vía completamente distinta: una investigación judicial que busca esclarecer qué ocurrió con contratos y recursos destinados a la alimentación escolar en O’Higgins.
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