Como una “megarreforma” en materia de seguridad ha sido catalogado el paquete de medidas contempladas en la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) impulsada por el gobierno del presidente José Antonio Kast.
Entre proyectos de ley y reformas a la constitución, dentro de los puntos que más ha causado debate es que establece un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública que contempla períodos de vigencia que, antes de requerir la aprobación del Congreso, sumarían hasta 240 días.
“Valoramos que el Gobierno haya puesto la seguridad en el centro de sus prioridades y que esté dispuesto a entregar nuevas herramientas al Estado para enfrentar una delincuencia que cambió y se volvió mucho más violenta y organizada”, partió señalando el senador Javier Macaya (UDI).
Agregando que “ahora le corresponde al Congreso hacer bien su trabajo: apoyar lo que sirve, corregir lo que sea necesario y asegurar que estas nuevas facultades sean realmente eficaces y respeten nuestro diseño institucional. En seguridad los chilenos esperan menos trincheras políticas y más resultados”.
Sin embargo, su posición no es compartida por los otros dos senadores de O’Higgins, Juan Luis Castro (PS) y Alejandra Sepúlveda (IND). De hecho, Castro cuestiona si es necesario recurrir a reformar la Constitución: “Parece que todo indica que no, sino que tiene que haber leyes específica”.
En la misma línea cuestiona precisamente la creación de un nuevo estado de excepción: “¿por qué darle facultades discrecionales a la autoridad? (…) ¿por qué dar ocho meses sin control y contrapeso del Poder Legislativo? ¿por qué simplemente dar una especie de cheque en blanco para acciones inclusivas?”.
“Estamos casi legalizando el espionaje bajo formas autoritarias”, aseguró el parlamentario. Sosteniendo que “aquí ha habido un primer fracaso que no habíamos visto en estos cinco meses de gobierno, que es la primera vez que se produce tal nivel de desorden (…). Todo lo que significa abrir el forado de una reforma constitucional, no habiendo piso suficientes para ello”.
Agregando que “yo creo que este es el primer fracaso del gobierno, a pocos meses, donde se ha demostrado que había improvisación, que la agenda de seguridad nunca estuvo totalmente clara”.
En una línea similar, la senadora Alejandra Sepúlveda califica de “absolutamente brutal lo que hoy día ha hecho el gobierno de incorporar esta reforma constitucional, que más parece una dictadura constitucional”.
“Porque aquí no solo se van a ver alterados los derechos de los que se pretende perseguir, sino que se van a alterar todos los derechos fundamentales de las personas que no son delincuentes”, manifestó la parlamentaria, añadiendo que “los delincuentes van a arrancar a los 30 segundos que se determine el estado de excepción, pero no van a volver a sus países, van a cambiar la comuna, la ciudad o la región nada más”.
Sepúlveda calificó de que se trata de una “una medida de fuerza” pero que es “absolutamente poco inteligente que no va a tener los resultados que corresponde”.
La senadora de O’Higgins, fue más allá y recordó que “así empezó Venezuela, y mira lo que hoy día tenemos”.
Finalmente, señaló que “no es cosa de la oposición” ya que “desde el presidente de la UDI para abajo han dicho que el proyecto es malo y no estarán los votos”.
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