Un 88% de los pequeños agricultores del Secano de O’Higgins ha sufrido el ataque de jaurías contra sus rebaños en una sola temporada, con severas pérdidas para la economía familiar que ponen en riesgo la crianza de ovinos en la zona. La situación no es exclusiva de O’Higgins, y ha reabierto el debate en el Congreso sobre las herramientas de control frente a los ataques al ganado y la fauna silvestre.
El boletín 18400-01, aprobado por 10 votos a favor y dos en contra en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputadas y Diputados, busca regular el control de los perros asilvestrados o ferales clasificados como especie dañina, eximiendo de responsabilidad penal por maltrato animal en casos de captura, control o legítima defensa del ganado.
Sin embargo, datos oficiales demuestran que la premisa del proyecto no se ajusta a la realidad en los campos de la región. Un estudio del Instituto de Investigaciones Agropecuarias Rayentué (INIA) reveló que en el Secano de O’Higgins el 88% de los agricultores sufrió ataques en una sola temporada, pero el 97% de esos episodios fue atribuido a perros del vecindario con dueño o de libre deambular, no a jaurías asilvestradas puras.
Pese a ello, la moción legislativa busca modificar el artículo 291 bis del Código Penal para exceptuar de sanción la captura y disposición de los canes con criterios sanitarios y de defensa, lo que se ha interpretado como la liberalización de la cacería de dichos ejemplares.
Frente a la controversia, la diputada Natalia Romero, presidenta de la Comisión Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural de la Cámara, matizó los alcances de la iniciativa. “Quiero ser muy enfática, no estoy de acuerdo con un proyecto que busca cazar perros, hoy día lo que estamos haciendo en la Comisión de Agricultura es discutir un proyecto de ley que busca resguardar a otros animales producto de ataques de perros ferales”, afirmó.
Romero agregó que “en esta oportunidad lo que estamos haciendo es poder conversar sobre una realidad que existe en el sur de nuestro país”, recordando además que hace dos años rechazó la propuesta que abordaba el tema de forma explícita.
El enfoque también es rechazado desde el activismo y sectores parlamentarios. Jaime Martínez, presidente de la organización Alma Animal, advirtió que la medida no ataca la causa raíz. “La solución es tomar las medidas desde antes, de lo contrario, esta ley va a quedar y van a matar perros”, sostuvo Martínez, remarcando que estas iniciativas son “un círculo vicioso, es un círculo por el que nuestros problemas van a seguir”, remarcando que el origen es la falta de responsabilidad: “la gente tiene una tenencia irresponsable, abandona animales”.
En la misma vereda, pero desde el parlamento, la diputada Valentina Cáceres ha cuestionado la efectividad de la norma. “No podemos seguir poniendo el foco en el lugar equivocado”, señaló, enfatizando que “el problema se enfrenta con fiscalización, identificación, esterilización y sanciones a los responsables, no con balas”.
Como alternativa al enfoque letal, el INIA y el Gobierno Regional lanzaron en Marchigüe un proyecto de $316.085.000 para beneficiar a más de 700 ganaderos en las comunas de Navidad, Litueche, La Estrella, Marchigue, Pumanque, Lolol y Paredones, con el empleo de animales guardianes como Mastín de los Pirineos, Burras y Llamas guardianas, junto a soluciones tecnológicas modernas como cercos eléctricos solares y monitoreo con drones.
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