La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados acordó unánimemente remitir a la Contraloría General de la República una serie de antecedentes por presuntas faltas a la gestión y probidad en el CFT Estatal de O’Higgins.
La acción, impulsada por el diputado Ricardo Neumann (Distrito 16), persigue esclarecer posibles “vicios en mecanismos de control interno; aumentos unilaterales de remuneraciones; licitaciones, concursos y contrataciones irregulares; recursos sin ejecutar; y deficiencias de infraestructura y trato que afectarían directamente a estudiantes y funcionarios del CFT”, declaró en parlamentario.
Neumann enfatizó que la fiscalización no busca adelantar conclusiones: «creemos que en vez de caer en defensas corporativas o desvirtuar a quien fiscaliza, el rector debe dar las explicaciones pertinentes a la ciudadanía y colaborar activamente con los organismos de control”.
La respuesta del rector Adrián Pereira Santana fue de estar «muy tranquilo», aunque acusó mala fe de sus detractores. Respecto a la polémica por su sueldo, Pereira argumentó que el alza ocurrió antes de asumir su cargo en julio de 2025. (Ver nota aquí)
Sin embargo, el conflicto también tiene una dimensión interna. Marcelo Valdebenito, presidente de la Asociación Regional de Funcionarios, sostuvo que la incertidumbre se viene arrastrando hace más de un año. «Se hicieron aumentos de sueldos de hasta un 55% en varios casos» y «no tenemos claridad de esa regulación», afirmó. Agregó que los trabajadores tampoco conocen la nueva planta institucional, lo que ha alimentado el temor de que «todos deban ir a concurso», pese a que existen funcionarios con contrato indefinido, escenario que —según dijo— «genera mucha inestabilidad».
Valdebenito advirtió que el hermetismo sobre la nueva planta laboral tiene en vilo a cerca de 70 trabajadores: «la gente no sabe si va a quedar en los cargos», cerró el dirigente.
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