Defensora Nacional: “No todos los casos ameritan prisión preventiva ni condena a privación de libertad efectiva”

La defensora nacional, Verónica Encina, abordó en un nuevo capítulo de Mirada Regional diversos temas relacionados con el sistema penal chileno, advirtiendo sobre el aumento sostenido del uso de la prisión preventiva, el hacinamiento en las cárceles y nuevas iniciativas del gobierno enfocadas en la responsabilidad penal adolescente.

En primera instancia, Encina sostuvo que en los últimos años se ha registrado un incremento en la aplicación de la prisión preventiva, señalando que en numerosos casos las personas permanecen privadas de libertad durante largos periodos y posteriormente son “absueltas o sobreseídas, por lo que esta no sirvió para justificar una condena posterior y es tiempo en que una persona estuvo privada de libertad, en situación de inocencia y eso es grave”, afirmó.

La defensora explicó que esta situación puede generar importantes consecuencias psicológicas, e incluso vulneraciones de derechos y un fuerte prejuicio social para quienes enfrentan la medida cautelar. En la región de O’Higgins, según la última Cuenta Pública de la Defensoría Penal Pública, durante 2025 fueron 169 personas las que estuvieron en prisión preventiva y posteriormente habrían sido declaradas en condición de inocencia. 

Asimismo, advirtió sobre que “la gente privada de libertad está expuesta a lo que nosotros llamamos técnicamente el contagio criminógeno, que son personas sin antecedentes que están un tiempo en prisión preventiva conviviendo con otros con más experiencia y que finalmente salen habiendo aprendido a comportarse como las personas que tienen más conocimientos”, sostuvo.

Hacinamiento

Encina indicó que actualmente existirían cerca de 62 mil personas privadas de libertad en Chile, cifra que habría aumentado en los últimos años debido, entre otros factores, a una sensación de inseguridad y a un endurecimiento de las políticas penales. “Se ha generado una tendencia punitivista, han subido las penas, se han disminuido las garantías y eso también es causa de que aumente la prisión”, señaló.

Respecto al eventual traslado de internos desde Santiago 1 hacia otros recintos penitenciarios (entre ellos la cárcel de Rancagua, mencionada semanas atrás por el subsecretario de Justicia, Luis Silva, como una alternativa frente a la situación del penal capitalino), la defensora advirtió que “el problema es que se desviste un santo para vestir otro. Si trasladamos a los imputados de un lugar a otro lo que se va a provocar es el colapso en el otro centro”, afirmó.

Añadió que la solución debe centrarse en reducir las causas que generan la problemática y no únicamente en aumentar la capacidad de los recintos penitenciarios. “Aunque sea quizás de más largo plazo lo que hay que abordar son las causas que originan el hacinamiento y por eso que insistimos en señalar que no todos los casos ameritan ni prisión preventiva ni condena a privación de libertad efectiva”, indicó, agregando que “el hacinamiento es justamente una de las situaciones que genera mayor contagio criminógeno”.

Proyectos 

Consultada por la propuesta del Gobierno para endurecer la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, Encina sostuvo que las cifras muestran una disminución sostenida de la participación de menores de edad en delitos. Según explicó, los adolescentes representan cerca del 5% de los imputados a nivel nacional, mientras que en O’Higgins esa cifra alcanzó el 3,5% durante 2025.

La defensora también destacó los avances observados tras la implementación del nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil, luego de visitar recientemente el Centro de Internación Provisoria y Régimen Cerrado de Graneros.

“Viene instalándose tras una reforma importante con el Servicio de Reinserción Social Juvenil (…) pude ver con mis propios ojos cómo este cambio en la estructura del servicio ha mejorado sustantivamente tanto las condiciones físicas de infraestructura del centro como el efecto que estos programas provoca en los jóvenes”, señaló.

Finalmente, sostuvo que antes de impulsar nuevas modificaciones legales es necesario evaluar el impacto de la reforma ya implementada. “Nuestra postura respecto a la modificación es que primero se esperen los efectos de la gran reforma que hubo y luego con evidencia legislar si es necesario”, concluyó.