El actual escenario de Codelco no deja de hacer ruido, sobre todo por la deuda bruta cercana a los 25.000 millones de dólares de la empresa y la caída de productividad asociada al envejecimiento de sus yacimientos históricos. Estos factores estructurales, así como los cuestionamientos a desviaciones en los reportes de producción del año pasado y la gobernanza corporativa de la entidad, motivaron la propuesta del Partido Republicano de privatizar total o parcialmente la estatal reabriendo la controversia a nivel nacional y local.
La discusión resuena particularmente en la Región de O’Higgins debido al indiscutible peso estratégico de la División El Teniente, donde el yacimiento no solo aporta cerca del 18% del Producto Interno Bruto (PIB) regional, sino que sostiene el mercado laboral, la industria de servicios y el comercio de la conurbación Rancagua-Machalí y comunas aledañas.
Y desde luego, está el impacto social y cultural que la carga histórica de El Teniente ha impreso en la industria y por supuesto en la zona, cuyo legado abarca desde los avances en tecnología o la legislación de seguridad tras la Tragedia del Humo de 1945, hasta el valor patrimonial de Sewell en el imaginario colectivo rancagüino.
De acuerdo a Transparencia de Codelco, la operación en El Teniente involucra a 3.935 trabajadores directos y una masa laboral de empresas colaboradoras que promedia a más de 9.000 contratistas, cifra que en todo caso se puede elevar en fases de alta actividad de sus proyectos de inversión subterráneos.
Frente a la propuesta privatizadora, dirigentes sindicales de planta de la división manifestaron un tajante rechazo. Guillermo Pérez, tesorero y dirigente del Sindicato N° 7 de El Teniente, la calificó como una medida desacertada. «Considero que sería un error histórico privatizar Codelco” afirmó Pérez, argumentando que los recursos mineros deben permanecer en manos del Estado para financiar políticas sociales: “los programas sociales se financian gracias al aporte de Codelco”, recalcó.
“Hay que dejar de lado la mirada política partidista y entender que los recursos naturales tienen que estar en manos del Estado”, aclaró Pérez.
Respecto a los cuestionamientos por la pérdida de productividad o la demora de la puesta en marcha de megaproyectos como el Nuevo Nivel Mina, atribuyó la situación al envejecimiento natural del yacimiento y descartó que la solución pase por enajenar la propiedad.
«Tenemos minas muy viejas que provocan un mayor esfuerzo para poder sacar la misma cantidad de mineral. Pero con la capacidad profesional que tenemos en Chile, podemos recuperar la competitividad de Codelco», sostuvo el dirigente, enfatizando que “lamentablemente hay mucha gente que, siendo chilenos, no valoran que Codelco sea empresa estatal”.
Por su parte, Sergio Duarte, dirigente del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Caletones, descartó de plano la discusión del traspaso a privados. «No nos interesa entrar en un debate, ni siquiera que se mencione el tema. No es tema de interés nuestro. Nosotros vamos a cumplir con nuestra función, que es cuidar nuestra fuente laboral», aseveró Duarte.
El representante apuntó a la responsabilidad histórica de los administradores del Estado en la situación financiera de la minera, acusando una falta de reinversión sistemática. «Una empresa privada reinvierte parte de sus utilidades en mantener sus activos operativos, actualizados y siempre en línea». Duarte añadió que la falta de capitalización dejó a la estatal en desventaja: «Son minas viejas que necesitan mayor cuidado, que necesitan mayor avance tecnológico. Y hemos ido quedando en desventaja«.
Finalmente, Duarte advierte de las consecuencias del ingreso de privados en la estabilidad del empleo regional: «El privado no es social. El privado genera recursos para su empresa, no para el país», enfatizó, llamando a mantener la alerta entre los trabajadores ante eventuales discusiones parlamentarias sobre el patrimonio público de la corporación.
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