En la última sesión plenaria del Consejo Regional (CORE), se revelaron los críticos avances y los nuevos obstáculos que enfrenta el ambicioso plan de saneamiento sanitario para Pichilemu. Lo que comenzó en 2020 como una promesa de mejora estructural, hoy se encuentra en una encrucijada presupuestaria y legal que mantiene en vilo a los sectores de El Llano, el Centro e Infiernillo; en sencillo, el proyecto corre un 90% de riesgo de no ejecutarse.
Existe una profunda preocupación por una nueva dilatación del cronograma. Así lo explicó el consejero José Ignacio González, presidente de la Comisión de Social y Seguridad:
«Como consejeros estamos preocupados por el desenlace de esta iniciativa, que tiene a los vecinos esperando desde hace varios años. Estamos comprometidos a trabajar con los profesionales y técnicos para buscar una salida, la cual dependerá del informe de la Contraloría».
El proyecto, que contempla la construcción de casetas sanitarias en la zona urbana y el sistema de alcantarillado en el sector de Sanchina (Balaguer), ha experimentado una transformación financiera radical. Según detalló el profesional Luis Fuentes, la iniciativa fue autorizada el 25 de septiembre de 2020 con un presupuesto original de $16.000 millones de pesos.
Sin embargo, para marzo de 2023, la inversión necesaria se elevó a $39.000 millones, más del doble de lo planificado. Este incremento se justifica por tres factores clave: Impuestos: La incorporación del pago de IVA, del cual estos proyectos antes estaban exentos. Cambios técnicos: La modificación de reparar «media calzada» a «calzadas completas» en las zonas intervenidas. Mercado: El ajuste monetario propio de la inflación y los costos actuales de la construcción.
Licitaciones desiertas y un conflicto legal con Montec S.A.
A pesar de contar con la resolución de la Contraloría Regional desde junio de 2024, la ejecución física en la Zona 1 (Centro y El Llano) ha tropezado repetidamente. Tras dos procesos de licitación declarados desiertos, la tercera licitación ha generado una «situación compleja» para el Gobierno Regional (GORE).
Actualmente, se evalúa la adjudicación a una empresa que mantiene un litigio vigente contra el propio GORE. Ante esto, las autoridades remitieron la semana pasada una consulta formal a la Contraloría para determinar si es legalmente viable adjudicar contratos a entidades en conflicto jurídico con la institución mandante. «Hasta ahora creemos que está difícil la cosa porque no encontramos antecedentes jurídicos que nos den claridad», admitió Fuentes durante la sesión.
El conflicto de fondo apunta a la empresa Montec S.A., que en diciembre de 2024 demandó a la Municipalidad de San Fernando y, solidariamente, al Gobierno Regional por casi $7.000 millones de pesos debido al caso del alcantarillado de Puente Negro. Este proceso se debate actualmente en el 2do Juzgado de Letras de la capital de Colchagua.
Cronograma en pausa
Destacar que bajo el actual convenio de transferencia, la Municipalidad de Pichilemu actúa como la institución mandatada —responsable de licitar, adjudicar y facturar—, mientras que el GORE se encarga de asegurar el financiamiento.
Por ahora, el cronograma se mantiene congelado: Zona 1 (Centro/El Llano): A la espera del dictamen de Contraloría sobre la empresa en litigio. Zona 2 (Infiernillo): Su licitación se postergará hasta que se resuelva con éxito la Zona 1, según lo consensuado entre el municipio y el GORE.
La resolución de la Contraloría será determinante para la comuna costera y para sentar un precedente sobre si empresas en conflicto con el Estado pueden seguir participando en licitaciones de infraestructura pública. Mientras tanto, los vecinos de la «Capital Mundial del Surf» deberán seguir esperando por una solución definitiva a sus necesidades básicas de saneamiento.
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