La tranquilidad de aulas y pasillos en los colegios de O’Higgins se ha quebrado bajo el peso de una cifra alarmante: 180 denuncias ingresadas tras el traumático ataque con arma blanca que costó la vida a una inspectora en un liceo de Calama. Sin embargo, el fenómeno ha ido escalando en la región desde el pasado lunes 13 de abril a un promedio de 30 alertas específicas de tiroteos al interior de los planteles, manteniendo a comunidades educativas completas bajo la incertidumbre. El mapa del conflicto ya abarca a 13 de las 33 comunas, con Rancagua liderando (7 denuncias), seguida por Navidad (5), Las Cabras y Graneros (4).
Para el fiscal regional, Aquiles Cubillos, abordar este fenómeno requiere un equilibrio entre la persecución penal y la gestión de la tranquilidad pública. Pese a que ya existe un adolescente de 17 años detenido en San Fernando, Cubillos reconoce que el sistema opera bajo la influencia coyuntural del fenómeno. «La región tiene un déficit de dotación de fiscales importante. Por tanto, esto presiona, obviamente, al déficit», señaló la autoridad, descartando de paso la presencia de grupos organizados en las acciones.
Cubillos enfatiza que la labor de la Fiscalía busca contener la inquietud generalizada mediante el rigor técnico. «Lo que estamos haciendo en definitiva es agrupar estas causas por fenómenos, por lugares, obviamente por comuna», explicó, añadiendo que han adoptado los casos como una prioridad al «no descartar la veracidad de las denuncias», asegurando la tramitación de cada reporte recibido.
El persecutor advierte, en todo caso, que ante el tenor de los hechos y bajo la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, las expectativas de sanciones drásticas son limitadas: «Las sanciones no van a ser privativas de libertad, sino que van a estar en otro tipo de ámbito, como la amonestación o los trabajos comunitarios», puntualizó, haciendo un llamado a la cooperación de la comunidad “para ayudarnos, en definitiva, a determinar quiénes están detrás de estas amenazas”.
¿Por qué ahora y por qué con esta intensidad? Los expertos coinciden en la multiplicidad de factores. Para el sociólogo Felipe Muñoz, estamos ante un «efecto imitación» potenciado por el impacto mediático y la inmediatez digital, y advierte que endurecer los accesos a los colegios es solo un paliativo cosmético, pues el problema es el quiebre de la confianza. “Hay una cierta validación de la cultura de violencia”, asegura.
«Los protocolos en general se activan cuando el vínculo está roto o cuando el vínculo se rompe», explica el profesional. Según su análisis, el entorno digital ha radicalizado la convivencia escolar: «La emergencia de las redes sociales es lo que ha terminado en extremar las posturas, de polarizar aún más las posiciones entre las personas».
Desde la neurociencia, el foco se desplaza hacia el desarrollo biológico de quienes emiten estas amenazas. El neuropsicólogo clínico Felipe Faúndez señala que el cerebro adolescente, con sus sistemas de control de impulsos aún en maduración, es un «caldo de cultivo» para expresiones de rabia desproporcionadas.
«Las zonas que gobiernan el cerebro en las personas más jóvenes están fuertemente más vinculadas con un pobre control de los impulsos», detalla el también docente del Instituto Santo Tomás de Rancagua. Para él, la sociedad no puede permitirse el lujo de la indiferencia ante estos hechos: «Descartar o minimizar estas amenazas es el peor de los caminos». El malestar entre los adolescentes asegura, ya no es un tema individual, sino un indicador de un «problema de salud pública que impregna o que atraviesa a las comunidades educativas». El especialista no duda en su evaluación: “Podríamos pensar que esto ya no se trata de un problema de salud mental individual, sino de salud pública”.
La situación ya ha salido de los colegios. Ayer, tras conversaciones con los directores de los establecimientos educacionales, la Municipalidad de San Fernando determinó mediante decreto alcaldicio la suspensión de la feria libre de la avenida Manso de Velasco, en atención a situaciones de amenazas escolares. En un hecho similar y en la misma jornada, la Universidad de O’Higgins debió cerrar el Campus Rancagua tras la confirmación de una amenaza de tiroteo, calificando la acción como “lamentable e inaceptable”.
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