En el marco de la Ley 21.040 que creó el Sistema de Educación Pública en Chile, los alcaldes de Malloa, Quinta de Tilcoco, Doñihue, Coinco, y representantes de Requínoa, Rengo y Coltauco se reunieron esta semana en el Ministerio de Educación con las máximas autoridades del sector. El encuentro tuvo como objetivo definir las condiciones administrativas, financieras y técnicas que garanticen una transición ordenada de la educación municipal al SLEP Valle Cachapoal antes del plazo fijado para el 1 de enero de 2027.
El SLEP Valle Cachapoal, con sede en Rengo, administrará los establecimientos públicos de siete comunas y atenderá a cerca de 20 mil estudiantes, siendo clave en la implementación de la Nueva Educación Pública en la región.
El servicio local inició sus funciones administrativas en marzo de 2025 y cuenta desde febrero de 2026 con directora ejecutiva designada por el Presidente de la República, luego de un proceso de selección en la Alta Dirección Pública. Su traspaso efectivo de establecimientos fue postergado desde 2026 a enero de 2027 para asegurar las condiciones técnicas y de gestión necesarias para una transición responsable.
«Queremos garantizar las mejores condiciones posibles para que se cumplan los plazos en enero de 2027 del traspaso educacional, de tal manera que nuestros niños, los profesores, los asistentes de la educación, los cuerpos directivos tengan la certeza y la tranquilidad de que van a poder también tener económicamente todas las certezas posibles y también de carácteres administrativos y políticos,» señaló el diputado Raúl Soto
La reunión en el ministerio buscó abordar certezas clave como el financiamiento docente, la situación de los asistentes de la educación y los mecanismos de traspaso de personal y bienes municipales al nuevo servicio. El proceso contempla la transferencia de inmuebles, contratos y sistemas de remuneraciones desde los DAEM comunales a una estructura única bajo administración estatal.
No obstante el compromiso institucional, la transición no está exenta de resistencias. Algunos alcaldes han manifestado reparos sobre la concentración de la gestión educativa en una sede alejada de sus comunas y sobre las capacidades financieras reales del nuevo servicio para responder a las necesidades locales.
«Siempre he tenido una opinión crítica respecto a este traspaso. Pienso que les estamos quitando responsabilidades a las comunidades, y eso indudablemente afecta mucho el crecimiento y la madurez que deben tener las comunidades en la toma de decisiones. Hemos hecho lo imposible por ser responsables en lo que significa el proceso educativo de nuestros niños y niñas, y eso es lo que nos ha llevado hoy día a acompañar este proceso de traspaso, del cual, en esencia, particularmente no estoy de acuerdo, pero debemos llevar adelante por ley», declaró Boris Acuña, alcalde de Doñihue
La postura crítica del alcalde Acuña pone sobre la mesa un debate que ha marcado la implementación de los SLEP a nivel nacional, la tensión entre la lógica de desmunicipalización que propone la ley y la capacidad real de los nuevos servicios de responder a las particularidades territoriales. Para municipios pequeños como Doñihue o Quinta de Tilcoco, la pérdida del control directo sobre los colegios significa también una pérdida de influencia en la toma de decisiones que afectan a sus comunidades.
Desde una mirada más pragmática, el alcalde de Malloa, Luis Barra, expresó satisfacción con los resultados de la reunión, aunque también se dio cuenta de que la velocidad del proceso no siempre ha sido la esperada.
«Salimos bastante satisfechos porque nosotros habíamos solicitado que se adelantara el traspaso al Sistema Local de Educación Pública para julio, pero no se pudo, y el compromiso es que a contar del 1 de enero del 2027 ya vamos a dejar de ser los administradores de la educación en nuestras comunidades», indicó Luis Barra, alcalde de Malloa.
La solicitud de adelantar el traspaso a julio de 2026 muestra la urgencia de los municipios por resolver las dudas de la actual administración, marcada por menos recursos y falta de claridad del SLEP. En este escenario, el 1 de enero de 2027 se proyecta como la fecha límite de un proceso aún complejo, con financiamiento en discusión y comunidades educativas que esperan seguridad, mientras cerca de 20 mil estudiantes ya viven la transición.
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