Hay familias en O’Higgins que llevan hasta cuatro años esperando el título de dominio de la casa donde han vivido toda su vida. Hay accesos a playas que, hasta hace poco, permanecían cerrados con candado. Y hay una institucionalidad que arrastra cientos de casos sin resolver. Ese es el escenario que enfrentó el nuevo seremi de Bienes Nacionales, Julio Ignacio Moncada Gómez, al asumir el cargo, y desde el cual definió sus primeras prioridades, acelerar la regularización de propiedades, reforzar la fiscalización del acceso a bienes nacionales de uso público y ordenar la administración del patrimonio fiscal en las 33 comunas de la región.
Al llegar a la cartera, la nueva autoridad se encontró con una abultada lista de expedientes pendientes, algunos con años de tramitación sin respuesta. “Hay gente que lleva cuatro años esperando su título de dominio, y nosotros dijimos que esto no puede ser”, afirmó. A ello se suma la magnitud del rezago: “Hoy día recibimos cerca de 3.000 casos pendientes, lo que no puede ser posible, porque en cuatro años pueden pasar muchas variables dentro de una familia, especialmente en adultos mayores y en sectores rurales”.
La meta para este año es concreta, entregar 700 títulos de dominio en la región. Desde que asumió, la Seremia ya concretó cerca de 20 entregas en comunas como Placilla, Nancagua, Rengo y Pichidegua, y el objetivo interno es reducir los tiempos de tramitación a dos años como máximo. Para llegar a quienes no pueden trasladarse hasta Rancagua, el ministerio implementará oficinas móviles con visitas ya programadas en Pichilemu, Santa Cruz y San Fernando.
El impacto de los retrasos no es sólo administrativo. También es humano. Moncada lo ejemplificó con el caso de don Óscar, vecino de Cunaco, en la comuna de Nancagua, quien esperó cerca de tres años para obtener su título. El documento fue entregado directamente en su domicilio. “Su señora falleció en el proceso y él hoy está solo, y como él hay muchas otras familias”, relató. Casos como ese, sostiene la autoridad, son los que explican la urgencia de acelerar los procesos.
En materia habitacional, Moncada adelantó que ya se instalaron mesas de trabajo con el Serviu, ya que Bienes Nacionales cumple un rol clave en la identificación y destinación de terrenos fiscales para soluciones de vivienda. La articulación entre carteras, sostuvo, es indispensable para atacar el déficit habitacional que afecta a la región.
A ello se suma la gestión del patrimonio fiscal, que incluye la administración de inmuebles susceptibles de ser destinados a municipios, servicios públicos y organizaciones sociales. En paralelo, equipos de fiscalización recorren las comunas para detectar ocupaciones irregulares. Cuando los terrenos son utilizados para actividades ilícitas, como el narcotráfico, se coordinan desalojos con la delegación provincial, la Seremi de Seguridad y las policías. “Una vivienda tomada es una vivienda menos que puede servir a la comunidad”, advirtió el seremi.
Otro de los focos está en el acceso a playas, ríos y lagos. La postura es categórica: en Chile no existen playas privadas. “Las playas son públicas, libres y gratuitas”, enfatizó Moncada, quien llamó a denunciar cualquier bloqueo a través de municipios, delegaciones provinciales o el sitio web institucional. Las multas por impedir el acceso van desde 10 a 100 UTM, pudiendo alcanzar las 200 UTM en caso de reincidencia.
Con un discurso centrado en la urgencia social y la presencia territorial, Moncada cerró con un mensaje directo a las familias que esperan: «Estén tranquilas. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para adelantar los procesos. Vamos a ir a ellos». La tarea, reconoció, es titánica, pero el compromiso apunta a que historias como la de don Óscar en Cunaco dejen de ser la excepción en los 33 municipios de la región.
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