Un estudiante de 17 años fue formalizado por los delitos de porte de arma de fuego y porte de municiones tras ser sorprendido con una pistola al interior del colegio Fray Andrés, en Rancagua. Si bien el tribunal declaró legal su detención, rechazó la solicitud de internación provisoria presentada por el Ministerio Público, decretando en su lugar arresto domiciliario nocturno y sujeción a programas del sistema de reinserción juvenil.
El hecho ocurrió el 31 de marzo, cuando el adolescente MBMA fue detectado portando dentro del establecimiento una pistola marca Glock modelo 22 calibre .40, además de un cartucho calibre 9 mm. El fiscal explicó que “el arma se encuentra apta para ser utilizada”, mientras que la munición “también es apta para su percusión, aunque de distinto calibre”, lo que motivó la formalización por dos delitos.
La situación no es menor. La Fiscalía detalló que el menor exhibió el arma a sus compañeras, coincidiendo con la dirección del establecimiento, desde donde confirmaron que la alerta surgió a partir de un grupo de estudiantes. Según lo informado, tras separar al alumno de su curso, inspectores realizaron una revisión de mochilas sin resultados, aunque detectaron “un bulto sospechoso en su entrepierna”. Al ser consultado, el estudiante habría señalado que se trataba de “sus partes íntimas”, lo que impidió una revisión más exhaustiva por parte del personal debido a restricciones de protocolo, generando el aviso a la PDI, quienes, tras concretar el registro, confirmaron la presencia del arma y procedieron a su detención. Desde el interior del colegio Fray Andrés, una fuente relató en off el clima al interior de la comunidad educativa: “acá están preocupados con respecto al tema”, relevando lo inédito del incidente.
Durante la audiencia de control de detención, la Fiscalía sostuvo que la gravedad del hecho justificaba una severa medida cautelar. “El Ministerio Público solicitó la internación provisoria, entendiendo la gravedad del hecho, número de delitos y naturaleza de los mismos”, afirmaron. Asimismo, se enfatizó que el imputado portaba el arma dentro de un recinto escolar, lo que —a su juicio— representa un riesgo para la seguridad de la comunidad del establecimiento.
El tribunal, sin embargo, desestimó la solicitud tras ponderar los antecedentes del caso. En su resolución, la jueza señaló que “si bien el arma era operativa, la munición no era compatible, por lo que no existía una posibilidad inmediata de uso”. Añadió que “no se advierte una intención directa de causar daño, más allá del temor que genera la presencia de un arma en un establecimiento educacional”.
La defensa argumentó que la medida solicitada por la fiscalía era desproporcionada, considerando el contexto y la situación personal del imputado. “No se va a discutir la existencia del delito ni la participación, pero aquí no hay una conducta orientada a causar daño”, sostuvo el defensor, recalcando además que, en caso de una eventual condena, “las penas aplicables, tratándose de un adolescente, serían de baja cantidad y probablemente de cumplimiento en libertad”.
El defensor también cuestionó la coherencia en la aplicación de medidas cautelares, señalando que “en casos de mayor gravedad, incluso con adultos, no se ha solicitado internación provisoria”, sugiriendo que la decisión del Ministerio Público podría estar influida por la exposición pública del caso.
El tribunal coincidió parcialmente con estos argumentos al considerar la edad del imputado y la normativa aplicable. “Se trata de un adolescente de 17 años, sin antecedentes previos, y la ley establece un tratamiento diferenciado orientado a la reinserción”, indicó la magistrada. En esa línea, resolvió imponer medidas cautelares menos gravosas, destacando que “cualquier eventual condena no necesariamente implicaría privación de libertad efectiva”.
El Ministerio Público cuenta ahora con un plazo de 90 días para desarrollar la investigación y esclarecer completamente la dinámica de los hechos, incluyendo la procedencia del arma y las reales motivaciones del imputado.






