Un nuevo capítulo judicial del ‘Caso Licencias’ en el Departamento de Tránsito de la Municipalidad de Requínoa se cerró hace algunos días con la condena, en juicio abreviado, del exdirector del departamento por el otorgamiento irregular de licencias de conducir, que se tipificó bajo el delito de lavado de activos, cohecho agravado, asociación criminal y el otorgamiento ilegal de estas licencias de conducir, de acuerdo a lo señalado por la Fiscalía de Alta Complejidad.
“Avanzamos en un hito importante en la investigación dirigida por la Fiscalía de Alta Complejidad de O’Higgins, en la cual logramos determinar cómo funcionaba una organización criminal al interior del Departamento del Tránsito del municipio de Requínoa, en la cual el director de Tránsito junto a otros funcionarios se ponían de acuerdo con otros privados para obtener grandes sumas de dinero a cambio de otorgar ilegalmente licencias de conducir a personas que no contaban con autorización para aquello”, explicó tras la condena el fiscal a cargo de la investigación, Javier Von Bischoffshausen.
Para entender el origen de este entramado judicial que ha tenidos más de 70 formalizados, si sumamos a receptores de licencias, hay que recordar que la investigación comenzó a partir de la emisión de certificados falsos de educación –ya hay un funcionario público condenado-, por la que se comenzó a tirar del hilo para averiguar el destino de estos certificados.
Uno de los capítulos más álgidos fue precisamente la detención del condenado el pasado 11 de diciembre del 2024. Ese día efectivos de la PDI allanaron las oficinas del Edificio Plaza de la Municipalidad de Requínoa, deteniendo al, en ese entonces, todavía jefe de Tránsito junto a dos personas en calidad “captadores”.
De acuerdo a la información proporcionada por el ente persecutor a medida que se ha ido desarrollando la investigación, es que el ‘modus operandi’ con el que actuaban consistía en entregar licencia fraudulentas a personas que no cumplían los requisitos que norma la ley –entre los que cuentan una gran cantidad de extranjeros que desconocían el idioma y/o no tenían habilidades de escritura o lectura básica-.
Quienes estaban interesados en obtener la licencia, debían pagar previamente, en promedio, 300 mil pesos para ‘agilizar’ el trámite, en el que con casi absoluta certeza obtenían el documento para conducir de manera legal en el país, ya que los examinadores, incluso, llegaban a cambiar respuestas.
Además se ofrecía por 70 mil pesos adicionales, obtener el certificado que acreditara la enseñanza básica cursada en Chile. La investigación reveló que al menos 182 certificados falsos fueron utilizados en el municipio para estos fines.
En el juicio abreviado realizado la condena que recibió el exdirector y el captador es de 7 años de privación efectiva y una alta multa económica. Además de que al primero se le ordenó el decomiso de un vehículo y una parcela que figuraba a su nombre.
Por el mismo caso, fueron detenidas en febrero del 2025 dos funcionarias del mismo departamento, en cuyo caso se desconoce -hasta la fecha- si se les procesará o no, y si al igual que el exdirector, accederán a un juicio abreviado, por lo que más novedades podrían traer este caso.
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