En una audiencia de lectura de sentencia encabezada por el magistrado Eric Fabián Ríos Leiva, el Juzgado de Garantía de San Fernando dictó fallo definitivo contra Pablo Andrés Bravo Cruz. El exadministrador municipal y mano derecha del exalcalde Luis Berwart fue condenado como autor de delitos consumados y reiterados de fraude al fisco y soborno, en el marco del denominado caso Cormusaf.
La sesión, desarrollada íntegramente bajo la modalidad de videoconferencia, inició a las 09:01 horas y contó con la conexión de representantes del Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública y el Consejo de Defensa del Estado (CDE). En la instancia se dio lectura a la parte resolutiva de la condena, la cual impone al sentenciado una pena de 7 años de presidio mayor en su grado mínimo.
Sanciones económicas e inhabilitaciones
Además de la pena privativa de libertad, Bravo Cruz deberá enfrentar una multa de $960 millones 613 mil 481 pesos. Respecto a esta sanción económica, el tribunal informó que se imputarán los 10 millones de pesos que el condenado ya había consignado en la causa mediante depósitos realizados en octubre de 2022.
La sentencia contempla, asimismo, severas inhabilitaciones:
- Inhabilitación absoluta perpetua para cargos, oficios públicos y derechos políticos.
- Inhabilitación absoluta para profesiones titulares durante el tiempo de la condena.
- Inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos en empresas que contraten con órganos del Estado o participen en concesiones estatales.
Abono de tiempo y cumplimiento de la pena
El magistrado reconoció a favor del sentenciado un total de 1.567 días de abono por el tiempo que ha permanecido bajo medidas cautelares privativas de libertad. Esto equivale a poco más de cuatro años de condena ya efectivamente cumplidos.
Pese a la resolución, la defensa de Bravo Cruz, representada por la abogada Carolina Alvarado Cisternas, declinó renunciar a los plazos legales para la interposición de recursos. Ante esto, el tribunal fijó una nueva audiencia para el próximo lunes 6 de abril de 2026. En dicha instancia, una vez que la sentencia se encuentre ejecutoriada, se debatirá la solicitud de la defensa para que el condenado cumpla el resto de su pena en el Centro de Detención Preventiva de Peumo.
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