La huella de la plaga de moscas que afecta a la comuna de Pumanque ha puesto en evidencia que, en materia sanitaria, las respuestas institucionales muchas veces pueden ser sólo de carácter reactivo. Así lo ha comprobado la gestión de residuos orgánicos en la comuna, que ha derivado en una crisis que hoy mantiene bajo vigilancia a una importante parte de Pumanque.
El conflicto se centra en la aplicación de biosólidos —lodos procesados en plantas de tratamiento de aguas servidas— en un predio agrícola de la comuna. Aunque el vertido de dicho material comenzó el 18 de noviembre de 2025, la fiscalización en terreno por parte de la autoridad sanitaria se concretó recién el 31 de diciembre, 43 días después de iniciada la operación y tras las denuncias de los vecinos por una proliferación masiva de moscas.
Esta actividad se rige por el Decreto Supremo N°4, el reglamento que establece las condiciones sanitarias para el manejo de lodos generados en plantas de tratamiento. La normativa permite su uso como mejorador de suelos, siempre que el material cumpla con niveles de estabilidad que impidan la atracción de insectos. Sin embargo, en Pumanque, la autoridad detectó que los protocolos básicos de manejo no se cumplieron.
Esteban Contreras, Jefe de Acción Sanitaria y Seremi (s) de Salud, detalló los hallazgos técnicos tras inspeccionar el predio: “Observamos lodos con humedad relativamente alta”, indicó, precisando además que el manejo de los residuos no se ajustó a los tiempos legales: “La normativa establece que el lodo debe ser incorporado al suelo de manera inmediata; aquí se generó una acumulación que no corresponde”. Esta acumulación de material húmedo fue identificada como el factor que permitió el desarrollo de vectores en distintos estadios del desarrollo biológico de los insectos.
Esta evaluación técnica se consolida con el relato de los residentes, quienes describen condiciones de habitabilidad críticas. Mariangel, vecina de un sector cercano al punto de vertido, asegura que las medidas de mitigación de la empresa no han surtido efecto: “En mi sector no se ha notado nada que haya bajado, incluso ha aumentado; solamente los días que amanece nublado disminuye algo, pero en la tarde ya vuelve el sol y aparecen, pero de a montones”.
El impacto ha obligado a las familias a modificar sus hábitos más básicos, afectando especialmente a los grupos de riesgo. Amalia Sánchez, dirigente de la junta de vecinos de Rincón La Mina, del sector Peña Blanca en la misma comuna, representa a otra de las familias afectadas. Amalia relata la precariedad para proteger a los lactantes: “A la guagua, para dejarla, hay que ponerle velo y es la única manera”, narrando además la incomodidad de acciones tan simples y cotidianas como la alimentación, donde “uno para comer debe estar con el ventilador prácticamente arriba de la mesa”, por un lado, para paliar el calor por mantener las ventanas cerradas y evitar el ingreso de los insectos, y también para espantarlos de los alimentos. «Nosotros mismos, compramos y compramos veneno… se agotaron todos los insecticidas aquí en los negocios», cierra la representante territorial.
Desde la administración local, el alcalde de Pumanque, Gonzalo Baraona, informó hace unos días que el municipio no recibió ninguna alerta correspondientes sobre la magnitud de la faena. “La empresa no nos avisó debidamente sobre el inicio de estas operaciones en el predio”, refiriéndose a la empresa que aplicó los lodos.
La respuesta institucional tras la crisis incluyó medidas de alcance regional. El 16 de enero, tras una reunión intersectorial, la Seremi de Salud, Carolina Torres, anunció una restricción temporal a este tipo de actividades en la zona: “He tomado la decisión de instruir una resolución para prohibir nuevas incorporaciones de lodo en los predios de la región hasta que no tengamos la certeza de que los procesos se están cumpliendo”.
En la misma línea, la delegada presidencial (s) de Colchagua, Josefina Toro, confirmó el inicio de un plan de vigilancia para descartar impactos en el agua de consumo ante el riesgo de contaminación: “existe la voluntad de hacer un estudio de las aguas subterráneas… va a ser cuatro revisiones en el año, estacionales”, aclaró la autoridad.
La normativa vigente establece que la responsabilidad sobre la disposición final de estos residuos recae en el generador. En este caso, el proceso administrativo busca determinar por qué el material presentaba niveles de humedad fuera de norma y por qué no fue incorporado al suelo en los tiempos que exige la ley.
Con investigaciones administrativas en curso, Pumanque permanece en alerta y a la espera de que las medidas de mitigación logren devolver la normalidad a la calidad de vida alterada por el manejo deficiente de un recurso que, bien gestionado, puede impactar positivamente en la productividad de los suelos agrícolas de la región.







